El Ministerio de Vivienda publicó un proyecto de resolución para modernizar la evaluación, viabilización y seguimiento de proyectos de agua y saneamiento básico en el país. La iniciativa busca acelerar el cierre de brechas en el acceso a estos servicios esenciales, reafirmando el derecho fundamental al agua potable y el bienestar general de la población. El proyecto de normativa establece un trámite riguroso que abarca desde la radicación y revisión preliminar hasta una exhaustiva verificación de requisitos legales, institucionales, técnicos, ambientales y financieros. Un Comité Técnico de Proyectos será la instancia asesora clave para recomendar la viabilidad, priorizando iniciativas en situaciones de emergencia o aquellas que beneficien a territorios PDET.

En el marco general, recordó que su competencia es establecer fórmulas y promover eficiencia, conforme a la Ley 142 de 1994.

El Ministerio de Minas y Energía expidió las resoluciones 303, 304 y 316 de 2026, mediante las cuales ordena el giro de recursos para cubrir subsidios a la tarifa del servicio público de gas combustible domiciliario por red. Las medidas buscan saldar obligaciones acumuladas hasta el primer trimestre de 2025 y garantizar el pago correspondiente a los trimestres segundo y tercero de ese mismo año, incluyendo saldos pendientes de períodos anteriores, con el fin de asegurar la continuidad en la aplicación de subsidios a los usuarios beneficiarios.

La CRA hizo precisiones sobre el modelo de costos y operación para las Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO) y las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), sobre la base del proyecto de norma de nuevas tarifas. La relación operarios/supervisor se establece considerando riesgos operativos y la presencia de un supervisor por turno, siendo la gestión de seguridad y salud laboral responsabilidad de cada empresa. Se confirmó que el costo por tonelada en las ECA disminuye en municipios de mayor categoría por economías de escala. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) vigilará la remuneración de recicladores vía SUI, mientras los municipios depuran el censo. La provisión para protección social se vincula a la remuneración tarifaria, a la espera de reglamentación del Ministerio de Trabajo. El transporte de personal de sensibilización no tiene rubro específico, pero los costos logísticos y de dotación (EPP) están cubiertos por un 5% de gastos administrativos.

La CRA explicó cómo mantener su suficiencia financiera tras el incremento del salario mínimo para 2026. La entidad subraya que las tarifas pueden actualizarse mediante la indexación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), excluyendo las tasas ambientales, o a través de pasos directos por costos operativos específicos no contemplados, nuevos activos, variaciones significativas del 5% en costos operativos, modificaciones del plan de inversiones o inclusión de auditorías de eficiencia energética. Los prestadores del segundo segmento también pueden usar rangos definidos para Costo Medio de Administración (CMA) y Costo Medio de Operación General (CMOG), indexándolos a precios de diciembre de 2016. En caso de que estas opciones no garanticen la suficiencia financiera, los prestadores pueden solicitar una modificación formal de la fórmula tarifaria ante la CRA.