La CRA emitió un concepto sobre los criterios aplicables a las asociaciones rurales para determinar el valor de una nueva conexión de agua. La entidad precisó que estos costos, denominados aportes de conexión, comprenden gastos directos como materiales y mano de obra, así como los cargos asociados a la expansión del sistema. Además, señaló que los nuevos usuarios deben contar con micromedición individual y que los prestadores pueden incorporar el reconocimiento de inversiones comunitarias y otros costos adicionales, siempre que estén justificados por condiciones técnicas particulares. La regulación vigente también contempla la financiación de estos aportes para los usuarios de menores ingresos, con el propósito de facilitar el acceso al servicio.

El Consejo de Estado declaró, de oficio, la nulidad absoluta del Convenio No. 23 del 28 de junio de 2011, celebrado entre el Municipio de San Vicente del Caguán y Gasdicom S.A. E.S.P., para la construcción de redes de gas natural y la prestación del servicio público domiciliario. La Sala concluyó que, pese a su denominación como convenio, el negocio correspondía materialmente a un contrato estatal bilateral y oneroso, cuyo objeto comprendía infraestructura y prestación del servicio de gas. Por ello, su celebración debía sujetarse al Estatuto General de Contratación y, específicamente, a la licitación pública exigida por el parágrafo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994 para seleccionar al prestador. Sin embargo, el Municipio acudió a la contratación directa, eludiendo el procedimiento de selección objetiva, en contravía del numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. En consecuencia, la nulidad del convenio cobijó los actos expedidos con ocasión de este, incluida la declaratoria de incumplimiento y la liquidación unilateral.

El Ministerio de Ambiente explicó aspectos sobre la aplicación de las recientes disposiciones en gestión comunitaria del agua. La entidad confirmó que está avanzando en la reglamentación de la Ley que busca simplificar el acceso y uso del recurso hídrico para comunidades organizadas. Mientras se definen los parámetros ambientales específicos, especialmente para quienes usan caudales bajos sin necesidad de concesión o sin la obligatoriedad de programas de uso eficiente, la normativa ambiental vigente sigue siendo de estricto cumplimiento. Se espera la modificación de los registros de usuarios y plataformas existentes para incorporar las nuevas directrices, subrayando que la falta de inscripción en los registros de recursos hídricos se considerará una infracción ambiental. Este proceso busca armonizar la protección del recurso con las necesidades de las comunidades.

La CRA absolvió inquietudes sobre la implementación de su reciente metodología tarifaria, frente a la solicitud de establecer un periodo de transición. La entidad aclaró que la aplicación del nuevo marco es obligatoria desde el 1 de julio de 2026, pero precisó que el periodo comprendido hasta diciembre de ese año está previsto como una etapa inicial de empalme, durante la cual se realizará un cálculo tarifario simplificado. Asimismo, señaló que la metodología ya contempla una estructura gradual, con el desarrollo completo de los instrumentos, el seguimiento de metas y la aplicación de incentivos programados para años posteriores, lo que permite una adopción progresiva. La CRA también reiteró que ha emitido lineamientos para la separación de costos por subsistemas y la gestión de contratos de suministro, cuya aplicación no depende de futuros desarrollos regulatorios ni de la disponibilidad de formatos de reporte.

La CRA respondió inquietudes sobre la implementación del nuevo esquema tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado y confirmó que su aplicación comenzará con los consumos generados a partir del 1 de julio de 2026. Aunque se solicitó establecer un periodo de gracia para realizar verificaciones técnicas y operativas, la entidad precisó que el segundo semestre de 2026 ya está definido como una etapa de transición o empalme. Esta fase no implica la aplicación plena de todos los instrumentos, sino un cálculo simplificado, con una incorporación gradual de las metas de eficiencia y su seguimiento a partir de 2027 y 2028. La CRA también señaló que ha emitido lineamientos sobre la separación de costos y los contratos de suministro, y aclaró que la ausencia de formatos en el SUI no exime a los prestadores de su responsabilidad de aplicar el esquema. Finalmente, invitó a la ciudadanía a participar en el proyecto de resolución que busca reforzar estas directrices.