Ante solicitudes de un período de transición o mecanismos de gradualidad, la CRA aclaró que el marco actual ya prevé una entrada escalonada. El lapso entre julio y diciembre de 2026 se concibe como un "periodo de inicio" para la preparación de los prestadores, sin exigir metas anuales ni recálculos, lo que atiende materialmente la necesidad de gradualidad. Adicionalmente, se informó sobre un proyecto de resolución en participación ciudadana que aborda la separación de costos y contratos de suministro, y se indicó cómo manejar los ciclos de facturación que crucen ambas metodologías, permitiendo el prorrateo de tarifas.

La CRA respondió a la solicitud de una empresa prestadora de servicios públicos que pedía un periodo de transición para la implementación de la nueva metodología tarifaria. La Entidad aclara que el marco regulatorio ya contempla una aplicación escalonada, designando el periodo entre julio y diciembre de 2026 como una "etapa de inicio" diseñada para la preparación institucional, sin exigir el cumplimiento de metas anuales ni recálculos. No obstante, la Comisión enfatiza que esta gradualidad no implica postergar la aplicación del costo económico de referencia. Respecto a la separación de costos por subsistemas y los contratos de suministro, la CRA invita a la participación ciudadana en proyectos de resolución que buscan ofrecer mayor orientación. Asimismo, para los ciclos de facturación que cruzan metodologías, los prestadores deberán prorratear las tarifas a partir del 1 de julio de 2026. Finalmente, la CRA recordó que el reporte en el Sistema Único de Información es responsabilidad de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y su ausencia no exime al prestador de aplicar la nueva normativa.

El Consejo de Estado revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander porque, aunque formalmente negó las pretensiones de la demanda, en realidad adoptó una decisión inhibitoria al no estudiar de fondo todos los cargos planteados por Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. contra CORPONOR. La demanda buscaba la nulidad de los actos mediante los cuales la autoridad ambiental resolvió las reclamaciones formuladas frente a las facturas de la tasa retributiva con ajuste del factor regional correspondientes a julio a diciembre de 2015. El Tribunal centró su análisis en que el ajuste provenía de un acta de 2013 que no fue demandada y dejó sin resolver otros cuestionamientos, entre ellos la falta de motivación, el procedimiento aplicable a las reclamaciones y la aplicación del artículo 228 de la Ley 1753 de 2015. Por ello, el Consejo de Estado devolvió el expediente para que el Tribunal se pronuncie de fondo, garantizando la doble instancia, el debido proceso y el derecho de defensa.

Ante una inquietud de los ciudadanos de Cúcuta sobre si deben pagar por la disposición final de sus residuos, argumentando que su relleno sanitario es regional y recibe desechos de veinte municipios, la CRA explicó que la disposición final es una actividad esencial del servicio de aseo y su costo debe ser cubierto por los usuarios en la tarifa, sin importar que la infraestructura sea de carácter regional. Se diferenció claramente entre este costo, que remunera el servicio, y un incentivo económico por regionalización que recibe el municipio anfitrión, en este caso Cúcuta. Los residentes de Cúcuta deben asumir el costo de disposición final si sus residuos son tratados allí, pero están exentos de pagar el valor adicional del incentivo por ser el municipio receptor.

La CRA explicó aspectos sobre el manejo de recursos generados por la diferencia entre las inversiones planeadas y las efectivamente ejecutadas en los servicios públicos. Clarifica que estos fondos deben destinarse exclusivamente a la ejecución de nuevos proyectos que mejoren los estándares de calidad, cobertura y continuidad del servicio, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos contables y de reporte. La entidad fue enfática en que dichos recursos no podrán utilizarse para cubrir gastos operativos, pagar intereses o capital de empréstitos existentes, ni para contabilizar sobrecostos en obras ya planeadas. El objetivo es asegurar que cada peso contribuya directamente a la mejora de la infraestructura y el servicio, sin desviar su propósito inversor.