Acceso   

Ingrese a su cuenta

Usuario *
Clave *
Recordarme
Martes, 27 Octubre 2026

Edición 1751 Bogotá, D.C.

ISSN 2711-1636

×

Mensaje

Por favor inicie sesión para acceder a este documento

Colombia Compra publicó un proyecto de resolución que establece nuevos documentos tipo para los concursos de méritos en consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de agua, saneamiento básico y estructuras hidráulicas. Esta medida, de aplicación obligatoria para las entidades estatales, busca fortalecer la transparencia, incrementar la pluralidad de oferentes y simplificar los trámites de contratación. El objetivo es reducir el direccionamiento y el riesgo de colusión, asegurando el buen manejo de los recursos públicos y promoviendo la eficiencia en un sector vital para el país, continuando una labor previa de estandarización en obras e interventorías.

La CRA respondió inquietudes de usuarios en Bogotá, quienes reportaron un cambio abrupto en la facturación del servicio de aseo, pasando de un cobro bimensual junto al acueducto a una modalidad mensual con la factura de energía, generando aumentos y percibida falta de información. La CRA precisó que su función es establecer las metodologías y fórmulas tarifarias generales, mas no autoriza directamente los incrementos específicos ni los cambios en la periodicidad de la facturación. Estos ajustes son responsabilidad de la entidad tarifaria local, es decir, de la junta directiva de la empresa prestadora, siempre dentro del precio máximo permitido por la regulación. La Comisión subrayó que el cambio de cobro se enmarca en acuerdos de facturación conjunta y sus documentos regulatorios están disponibles en su portal web. Los usuarios inconformes tienen derecho a presentar quejas y recursos ante la empresa y, en segunda instancia, ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La CRA precisó que los factores de subsidio y aportes solidarios no están incluidos intrínsecamente en los componentes tarifarios de referencia, como el costo fijo o por consumo. Estos elementos constituyen una base de cálculo neutral y son el punto de partida. Posteriormente, sobre ese costo de referencia, se aplican los porcentajes de subsidio o contribución definidos para cada estrato o uso, resultando en la tarifa final al usuario. La entidad subraya que su función es establecer la metodología, dejando la verificación de facturas específicas en manos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Ante la consulta de una junta directiva sobre la correcta aplicación de un estudio tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado, la CRA recordó que su función es regular los monopolios y promover la competencia para garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios. En el caso de los pequeños prestadores, la metodología tarifaria establece rangos específicos para los costos de administración y operación general, que deben ser indexados a partir de diciembre de 2016. Si el prestador se encuentra dentro de estos límites, la aplicación de la metodología es procedente, aunque la definición final de las tarifas corresponde a la Entidad Tarifaria Local. Las fórmulas tarifarias tienen una vigencia de cinco años, con posibilidad de modificación en casos excepcionales.

El Consejo de Estado confirmó la negativa de nulidad de la Resolución 250 de 1994, mediante la cual la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) acotó las rondas hidráulicas de las chucuas de La Conejera y Techo y del lago Santa María del Lago, y definió sus zonas de manejo y preservación ambiental. La Sala concluyó que la EAAB sí tenía competencia para acotar la ronda hídrica del Humedal de Techo, pues el Acuerdo 6 de 1990 le atribuía funciones sobre las rondas y zonas de manejo y preservación ambiental, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 99 de 1993. Precisó además que la empresa podía ejercer funciones ambientales y que la cartografía del IGAC utilizada constituía un sustento técnico idóneo para la delimitación. Asimismo, declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, al considerar que esta entidad estaba vinculada a las pretensiones relacionadas con el Decreto 457 de 2008.