La CRA señaló que la solicitud de establecer un período de transición o gradualidad para la aplicación de la nueva metodología tarifaria entre julio y diciembre de 2026 ya se encuentra “materialmente atendida” en la estructura normativa vigente. Explicó que el nuevo marco tarifario, contenido en la Resolución CRA 943 de 2021 e incorporado mediante la Resolución CRA 1032 de 2026, no contempla una aplicación inmediata, pues establece un “período de inicio” entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026, durante el cual no se exigen metas anuales ni opera el recálculo. Según la CRA, este período está destinado a la preparación institucional y se articula con el artículo 88 de la Ley 142 de 1994, que establece la obligación de aplicar las fórmulas tarifarias.

La Corte Constitucional analizó la protección del derecho a la vivienda digna en el marco de procesos de desalojo y la obligación estatal de adoptar medidas que garanticen condiciones adecuadas de habitabilidad, entre ellas la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios. El caso se originó en la ocupación de predios ubicados detrás del matadero de Maicao, donde alrededor de 2.185 personas habitaban en condiciones de precariedad, sin redes formales de acueducto ni alcantarillado, con acceso parcial e informal a energía y recolección marginal de residuos. La Corte reiteró que los servicios básicos hacen parte de las condiciones de una vivienda adecuada y que las autoridades deben articular alternativas habitacionales y de acceso a servicios básicos. En la parte resolutiva ordenó actualizar el registro de ocupantes, crear una mesa interinstitucional y, en un plazo de seis meses, materializar los desalojos, previo traslado a albergues de las personas que corresponda y bajo las garantías fijadas por la sentencia.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha elogiado el trabajo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) en la formulación de sus nuevos marcos tarifarios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Colombia. Este reconocimiento subraya la alineación de las metodologías colombianas con principios internacionales de buena regulación. La OCDE destacó la calidad regulatoria de la CRA, valorando la toma de decisiones basada en evidencia, la activa participación ciudadana y de actores del sector, así como la segmentación de prestadores que permite una regulación proporcional a las diversas realidades del país. Este enfoque busca asegurar la coherencia y equidad en la prestación de servicios esenciales.

La Entidad precisó el alcance de la Resolución CRA 1032 de 2026, que establece el nuevo marco tarifario para los prestadores de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores. La entidad explicó que la metodología es de aplicación general y obligatoria desde el 1 de julio de 2026, sin requerir autorizaciones o validaciones previas de la CRA o la SSPD. También señaló que incorpora esquemas diferenciales para zonas urbanas y rurales, define el Área de Prestación del Servicio y exige su armonización con los instrumentos de ordenamiento territorial. Asimismo, contempla el reconocimiento de costos ambientales eficientes mediante el Plan de Sostenibilidad Hídrica y establece que la metodología no fija tarifas finales, cuya determinación corresponde a cada prestador.

Ante la consulta de una asociación de recicladores sobre la financiación y el impacto de nuevas obligaciones, la CRA clarificó que los aportes de las organizaciones de recicladores se nutren de la remuneración tarifaria por su actividad dentro del servicio de aseo y de sus operaciones comerciales. Con la reciente expedición de la nueva metodología tarifaria, la CRA subraya que las tarifas reconocen costos operativos de la actividad de aprovechamiento. Sin embargo, enfatiza que el fomento de la formalización e inclusión social, así como la infraestructura necesaria, deben provenir de fuentes adicionales a la tarifa, con la participación de entidades territoriales y los ingresos por la venta de materiales recuperados, siendo estas organizaciones entidades sin ánimo de lucro que reinvierten sus excedentes. La entidad concluye que no es posible determinar un impacto financiero único debido a la variabilidad de factores locales y que la fijación tarifaria específica recae en las autoridades locales.