El Ministerio de Vivienda reportó que 23 municipios de 15 departamentos presentan afectaciones en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo debido al fenómeno de El Niño. La entidad mantiene un monitoreo permanente de la situación y señaló que Antioquia concentra el mayor número de casos, principalmente relacionados con los sistemas de acueducto. Ante este panorama, el Ministerio destacó la necesidad de destrabar más de 143 proyectos de agua y saneamiento básico que permanecen estancados y que resultan fundamentales para mitigar los riesgos asociados a la situación. Asimismo, enfoca sus esfuerzos en la prevención, el monitoreo de las fuentes hídricas y la articulación interinstitucional para anticipar posibles emergencias, además de evaluar alternativas como la construcción de pozos profundos.

Colombia Compra Eficiente impulsa un proyecto que crea la nueva versión de los documentos tipo que regirán la interventoría de obras públicas de infraestructura de agua, saneamiento básico y estructuras hidráulicas. Esta actualización busca modernizar las condiciones de contratación, atendiendo a la realidad actual del país y a los mandatos legales más recientes. Los cambios incorporan criterios socioambientales, fortalecen la inclusión de personas con discapacidad, ajustan requisitos habilitantes y amplían el alcance a nuevas actividades del sector. El objetivo primordial es fomentar la transparencia, la competencia equitativa, la eficiencia y una gestión contractual más ágil y adaptada a las necesidades del Estado.

El Ministerio de Ambiente emitió un concepto dirigido a las autoridades regionales en el que aclaró si es obligatorio fijar avisos en las alcaldías municipales durante el trámite de licencias ambientales o sus modificaciones cuando estas incluyan la concesión de aguas. La consulta surgió ante la necesidad de determinar si la Corporación Autónoma Regional de Boyacá debe ordenar dicha publicación para la visita ocular. Al respecto, el Ministerio señaló que la licencia ambiental constituye un proceso unificado que integra todos los permisos y concesiones relacionados con el uso de los recursos naturales renovables. Por tanto, las publicaciones destinadas a garantizar la participación ciudadana y la transparencia deben sujetarse a las normas generales de publicidad aplicables a las actuaciones administrativas ambientales, mediante las cuales se informa el inicio y la culminación de los procedimientos.

Frente a la solicitud de establecer un periodo de transición para la implementación de una metodología tarifaria, que permita realizar verificaciones exhaustivas y contar con herramientas operativas claras, la CRA clarificó que el nuevo marco regulatorio ya incorpora una secuencia escalonada. El lapso entre julio y diciembre de 2026 se considera un "periodo de inicio", una etapa que no exige el cumplimiento de metas anuales ni el recálculo tarifario, lo cual atiende la necesidad de gradualidad planteada. La Comisión reconoce los desafíos para algunos prestadores y señala que la normativa contempla mecanismos para modular las exigencias. Adicionalmente, se ha abierto un espacio de participación ciudadana para discutir lineamientos sobre la separación de costos por subsistemas y contratos de suministro. En cuanto a ciclos de facturación que crucen la antigua y nueva metodología, se autoriza el prorrateo de tarifas, e insiste en la obligatoriedad de aplicar la nueva regulación, independientemente de la disponibilidad de herramientas de reporte de otras entidades.

La CRA respondió a las inquietudes relacionadas con la transición hacia el nuevo marco tarifario aplicable a los prestadores de servicios. La entidad aclaró que el nuevo esquema, que sustituye las metodologías anteriores cuyo horizonte regulatorio ya culminó, contempla un periodo de inicio entre julio y diciembre de 2026. Durante esta etapa no se exigirán metas anuales ni recálculos, con el fin de permitir una transición gradual y que los prestadores realicen los ajustes necesarios. Adicionalmente, la CRA informó que se encuentra en participación ciudadana un proyecto de resolución orientado a precisar la separación de costos por subsistemas y los contratos de suministro. Para los consumos que comprendan periodos sujetos a ambas metodologías, se permitirá el prorrateo. Finalmente, la entidad enfatizó que corresponde a los prestadores aplicar las nuevas tarifas, independientemente de la disponibilidad de formatos en el Sistema Único de Información (SUI).