La CRA explicó aspectos sobre la inclusión de términos como "Tarifa de Referencia" y "Precio" en las facturas de servicios públicos. La entidad aclaró que la regulación vigente no establece un formato único ni un listado cerrado de expresiones comerciales obligatorias. Por consiguiente, la utilización de dichos términos no es considerada contraria al marco normativo, siempre y cuando la facturación refleje de manera correcta la metodología tarifaria aplicada. La CRA subrayó que su rol se restringe a la interpretación de la regulación general, sin facultad para revisar casos particulares o ordenar modificaciones en facturas específicas. La supervisión y verificación del cumplimiento en situaciones concretas recaen en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Colombia Compra precisó que, en los contratos sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la efectividad de la garantía debe realizarse mediante acto administrativo motivado, que constituye título ejecutivo frente a la aseguradora. En cambio, cuando se trata de entidades estatales no sometidas a dicho Estatuto, cuyos contratos se rigen por el derecho privado, no resulta jurídicamente procedente expedir un acto administrativo, pues sus decisiones contractuales tienen naturaleza de actos jurídicos privados. Por ello, ante una terminación unilateral por incumplimiento, la garantía deberá hacerse efectiva con fundamento en el acto jurídico contractual, las cláusulas pactadas y las reglas del derecho privado sobre reclamación del siniestro.

El Consejo de Estado precisó que, cuando el daño ambiental tiene carácter continuado, porque la afectación se produce y desarrolla sucesivamente por la disposición reiterada de residuos sólidos, el término de caducidad de la reparación directa debe contabilizarse desde la cesación de la afectación y no desde el conocimiento inicial de los hechos. La Sala explicó que distinguir entre daño ambiental puro, referido a la afectación del ambiente como bien colectivo, y daño ambiental consecutivo o impuro, relacionado con sus efectos sobre derechos o intereses particulares, permite determinar cuándo se configura el daño indemnizable y, por tanto, el inicio de la caducidad. Con este criterio, revocó la sentencia que había declarado la caducidad de la demanda por la disposición irregular de residuos a cielo abierto en el predio “La Palestina” y ordenó al Tribunal Administrativo de Santander continuar el trámite del proceso.

La CRA reitera que ninguna de sus resoluciones faculta a las empresas prestadoras para aplicar reducciones tarifarias que no correspondan a los factores de subsidio oficialmente definidos por los respectivos Concejos Municipales, conforme a la legislación vigente. La Entidad subraya que los costos económicos de referencia son una base neutral, previa a la aplicación de subsidios o contribuciones. Cualquier irregularidad en la aplicación de estos porcentajes debe ser comunicada a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que es la entidad competente para verificar estas prácticas en la facturación y en el Sistema Único de Información.

La CRA precisó que los componentes tarifarios son calculados por los prestadores conforme a las metodologías regulatorias y que sus valores particulares son reportados a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), entidad competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones de reporte al SUI. Asimismo, aclaró que no autoriza incrementos tarifarios particulares ni aprueba individualmente los costos aplicados por los prestadores, pues estos deben aplicar la metodología vigente y la SSPD verificar su correcta aplicación. Finalmente, señaló que tampoco puede ordenar la suspensión de cobros, reliquidaciones o devoluciones, facultades que corresponden a la SSPD dentro de sus funciones de inspección, vigilancia y control.