La CRA respondió inquietudes sobre los incrementos tarifarios del servicio de aseo, enfatizando que, si bien establece la metodología de cálculo, no es su función verificar directamente la aplicación de tarifas por los prestadores ni mantener un registro público de estas. Esa labor de inspección, vigilancia y control, incluyendo la verificación de la información tarifaria reportada y la correcta aplicación de la metodología, recae en la Superintendencia de Servicios Públicos. Los prestadores tienen la obligación de justificar sus tarifas con estudios detallados y garantizar transparencia, explicando claramente a los usuarios cómo se componen los costos, bajo los criterios de eficiencia definidos por la regulación para evitar el traslado de costos ineficientes.

La CRA explicó cómo liquidar los costos de aprovechamiento de residuos bajo la normativa vigente. El ente regulador explicó que, si bien algunas variables para el costo variable de aprovechamiento (CVA) se promedian con información del año fiscal anterior, las toneladas de residuos efectivamente aprovechadas por suscriptor (TRA) se calculan de manera dinámica. Esto significa que se usa la información mensual del periodo de facturación, directamente del Sistema Único de Información (SUI), aplicando tanto a zonas urbanas como rurales y actualizándose cada mes sin esperar promedios anuales futuros.

La CRA recibió una consulta sobre posibles diferencias entre los cobros registrados en los recibos físicos a los usuarios, que incluyen intereses de mora y subsidios, y la facturación electrónica reportada a la DIAN, en la que estos conceptos no aparecen o figuran en cero. La CRA precisó que su función es exclusivamente regulatoria, mientras que la verificación de la correcta aplicación de las tarifas por parte del prestador y de la consistencia del costo unitario corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Frente a las diferencias entre la información tributaria y regulatoria, la CRA aclaró que la verificación de la facturación electrónica es competencia de la DIAN y que no está facultada para determinar posibles fraudes fiscales o contables. Asimismo, indicó que no puede ordenar el desglose de la facturación individual, función que corresponde al prestador y, en segunda instancia, a la SSPD.

El Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de anulación presentado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta S.A. E.S.P. contra el laudo que resolvió las controversias con Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. por la ejecución del contrato de operación 030 de 2006, cuyo objeto era la operación, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura y gestión comercial de los servicios de acueducto y alcantarillado de Cúcuta. El Tribunal de Arbitramento declaró varios incumplimientos de la Empresa y ordenó, entre otros aspectos, el pago de compensaciones y subsidios al operador. La Sala concluyó que el recurso debía examinarse bajo el principio de tipicidad objetiva: el pago tardío de una partida de $15 millones no configuró la causal 2 de falta de competencia, pues no correspondía a honorarios ni gastos arbitrales previstos por la ley. Frente a la causal 5, la prueba no incorporada era un informe preliminar y no se acreditó su incidencia en el laudo. Respecto de la causal 9, no hubo fallo extra petita, pues los árbitros resolvieron dentro del marco de las pretensiones y podían determinar el régimen legal aplicable.

El Consejo de Estado confirmó la decisión que negó la demanda de reparación directa contra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) por los daños ocasionados a inmuebles afectados por una remoción en masa en el cerro La Conejera. La Sala examinó la responsabilidad de la autoridad ambiental frente a los vertimientos de aguas residuales provenientes del Club La Montaña y sus deberes de evaluación, seguimiento, control y sanción. Aunque estableció que la CAR actuó de manera tardía e ineficaz, pues conocía desde años atrás la problemática de los vertimientos, concluyó que no se demostró que esa omisión hubiera causado o contribuido al daño. Las pruebas evidenciaron la concurrencia de factores naturales y antrópicos en la remoción en masa, mientras que el dictamen pericial no permitió determinar la incidencia concreta de cada factor ni establecer que una actuación oportuna de la CAR hubiera evitado o mitigado las afectaciones. Por falta de nexo causal, confirmó la negativa de las pretensiones.