La CRA aclaró las pautas para identificar y gestionar a los grandes productores de residuos, con el fin de resolver inquietudes de usuarios y prestadores. Precisó que se considera gran productor al suscriptor no residencial que genera un volumen igual o superior a un metro cúbico de residuos sólidos mensualmente. Esta condición, relevante para la facturación, no se aplica automáticamente a los usuarios residenciales por el solo volumen de residuos que generen. Asimismo, los prestadores del servicio de aseo están obligados a realizar el aforo de estos grandes productores, diferenciando los residuos aprovechables de los no aprovechables, y a reportar dicha información. La CRA señaló que los prestadores no pueden negarse a efectuar estas mediciones, pues sus resultados constituyen la base para el cobro del servicio.

La CRA respondió a la solicitud de un pequeño prestador de servicios de acueducto y alcantarillado que buscaba modificar su fórmula tarifaria y revisar costos. La entidad aclara que, antes de una modificación particular, los prestadores deben agotar mecanismos ordinarios de actualización, como la indexación por inflación o "pasos directos" por cambios significativos en costos operativos o inversiones. Solo si estos no garantizan la suficiencia financiera, y bajo causales específicas como un error de cálculo o fuerza mayor, se puede tramitar una modificación de fórmula. La CRA enfatiza la necesidad de demostrar y cuantificar cómo las condiciones particulares del prestador, como su tamaño o liquidez, afectan los criterios tarifarios, y evaluar los impactos de cualquier ajuste gradual propuesto en usuarios y eficiencia. La metodología actual para pequeños prestadores estará vigente hasta finales de 2026.

Tras la terminación anticipada del contrato especial de servicios públicos para la prestación del servicio de energía eléctrica en Guapi, ocasionada por la conexión del municipio al Sistema Interconectado Nacional, surgió la obligación de recibir los activos y maquinarias utilizados para la prestación del servicio. El Consejo de Estado confirmó la sentencia que declaró el incumplimiento del Ministerio de Minas y Energía, al considerar que la entidad no cumplió con su deber contractual de recibir estos bienes dentro del plazo previsto, pese a las gestiones realizadas por Gensa S.A. E.S.P. para concretar su entrega. La Sala señaló que esta obligación estaba expresamente establecida en el contrato y, por tanto, no requería un otrosí o modificación posterior. Además, consideró que Gensa actuó de manera diligente y conforme a la buena fe contractual, mientras que la falta de actuación efectiva del Ministerio prolongó la custodia y mantenimiento de los activos por parte de la contratista, generando los costos cuya responsabilidad fue atribuida a la entidad.

La CRA precisó que las inversiones ambientales obligatorias para los prestadores de servicios públicos son exigibles cuando surgen de decisiones judiciales o mandatos de la autoridad ambiental competente. Estos costos, incluyendo los administrativos asociados, se incorporan directamente en la fórmula tarifaria de acueducto y alcantarillado, evitando así afectar el presupuesto operativo o administrativo ordinario de la empresa. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) es la entidad responsable de velar por el cumplimiento de estas disposiciones. Asimismo, las obligaciones ligadas a las concesiones de agua y los programas de uso eficiente recaen en el prestador del servicio, quien puede trasladar estos costos a la tarifa, no en la alcaldía municipal.

La CRA definió el marco regulatorio especial para las organizaciones comunitarias que suministran servicios de acueducto y alcantarillado. Tras una solicitud sobre estas normativas diferenciadas, la entidad confirmó que una reciente resolución ya establece reglas tarifarias flexibles, bajo un esquema de libertad vigilada, y fija estándares de calidad y metas de servicio adaptadas al tamaño de cada gestor. Además, se contempla un plan de gestión para asegurar el cumplimiento de dichos estándares. Actualmente, la CRA trabaja en criterios de eficiencia y un modelo de contrato para estos gestores, buscando una regulación más ajustada a sus particularidades.