Frente al reto de garantizar los servicios de acueducto y alcantarillado en municipios con dinámicas de crecimiento urbano acelerado, como Soacha, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) estableció un Nuevo Marco Tarifario que reconoce las “Áreas de Difícil Gestión” en el suelo urbano, donde alcanzar los estándares habituales de eficiencia y cobertura presenta mayores dificultades. La normativa permite aplicar esquemas diferenciales y establecer metas ajustadas a las condiciones particulares de estas zonas, con el propósito de facilitar inversiones en infraestructura y mejorar la prestación de los servicios. Para su aplicación, los prestadores deben cumplir requisitos específicos y evaluar las alternativas previstas, de acuerdo con las condiciones territoriales y las limitaciones técnicas identificadas, bajo criterios orientados a garantizar una prestación sostenible y de calidad.

La CRA respondió a una veeduría ciudadana sobre la facturación del servicio de aseo en Atlántico, enfatizando que los costos económicos de referencia para las actividades del servicio son únicos y uniformes para todos los usuarios en una misma Área de Prestación de Servicio (APS). Sin embargo, la aplicación de estos costos base genera tarifas finales diferenciadas según el estrato socioeconómico y el tipo de usuario, debido a la estructura tarifaria y los esquemas de subsidios y contribuciones. La entidad subrayó que su rol es establecer metodologías, no fijar tarifas, y que la supervisión de cobros indebidos recae en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).

La CRA aclaró aspectos relacionados con la aplicación de las nuevas directrices tarifarias, orientadas a equilibrar la eficiencia operativa con la sostenibilidad del servicio. En este marco, destacó que las condiciones socioeconómicas de los usuarios pueden ser consideradas en el análisis de costos, incluso en zonas que no presentan condiciones especiales, con el fin de ajustar la prestación del servicio. Asimismo, abordó la integración de las tasas por vertimientos, cuya aplicación se ha visto afectada por una normativa reciente que incorpora variables ambientales y socioeconómicas. Mientras se establece una metodología permanente, se aplicará un factor transitorio para garantizar la continuidad y el equilibrio tarifario. También resaltó la importancia de desagregar los costos por subsistemas para mejorar la transparencia y facilitar la adecuada asignación de gastos, especialmente en contratos de suministro e interconexión, sin que ello determine directamente los precios entre prestadores.

La CRA respondió inquietudes sobre los incrementos en las tarifas de agua, indicando que la nueva metodología no impone porcentajes de aumento rígidos. En cambio, establece fórmulas y parámetros, lo que significa que el valor final y su variación dependen directamente de los costos, inversiones y el nivel de eficiencia operativa y administrativa de cada prestador. La normativa busca que los sobrecostos por gestión ineficiente no se trasladen al usuario. Además, se permite que las empresas cobren por debajo de la tarifa máxima regulada y existen mecanismos como subsidios y tarifas por consumo básico para proteger a los estratos más vulnerables.

La CRA explicó aspectos sobre el esquema tarifario del servicio de aseo en Bogotá y los incentivos económicos para la gestión de residuos. La metodología vigente, que aplica a grandes municipios, establece tarifas con componentes fijos para comercialización y limpieza urbana, y variables para recolección, transporte, disposición final y tratamiento de lixiviados. Estos costos se actualizan con índices como el salario mínimo o el IPC. Sin embargo, la Comisión aclara que no existen incentivos tarifarios directos para la reducción de residuos en rellenos sanitarios ni para el tratamiento de orgánicos con base en metas. Aunque sí se remunera el aprovechamiento efectivo de residuos y se promueve la separación en la fuente, la entidad subraya que la evaluación de resultados operativos y contractuales excede su competencia, correspondiendo a otras autoridades. Un nuevo marco tarifario, que entrará en vigor en 2027, buscará fortalecer actividades como el aprovechamiento.