La Corte Constitucional analizó a través de una tutela, el ruido como factor de contaminación ambiental, enfatizando la necesidad de prevenir y controlar las emisiones sonoras para proteger el bienestar ciudadano y el ambiente. Reconoció que las regulaciones deben establecer límites claros y mecanismos de control para evitar perturbaciones que afecten el derecho a un ambiente sano. Sin embargo, la Corte destacó la importancia de equilibrar esta regulación con el respeto a las libertades económicas, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad, como los pregoneros, quienes dependen del perifoneo para su subsistencia. Se subrayó la obligación del Estado de garantizar un trato diferenciado y proteger los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y a la igualdad, promoviendo soluciones que permitan el ejercicio digno de sus actividades sin afectar la convivencia ni superar los niveles de ruido permitidos. La Corte ordenó al municipio evaluar los niveles de ruido y proponer alternativas que respeten estos derechos, fortaleciendo un enfoque integral que combine la protección ambiental con medidas sociales inclusivas.

 El Ministerio del Trabajo aclara que los descuentos en salarios o mesadas pensionales solo pueden realizarse con autorización expresa del trabajador o mediante orden judicial que autorice el embargo, no bastando un acuerdo voluntario de alimentos para ejecutar retenciones sin orden judicial. Aunque el acuerdo voluntario puede tener mérito ejecutivo en caso de incumplimiento, no implica automáticamente la procedencia del embargo, el cual debe ser decretado por un juez, quien determina el monto y emite la orden correspondiente. Asimismo, las pensiones son en principio inembargables salvo en casos de créditos alimenticios o a cooperativas y hasta los límites legales establecidos. El Ministerio enfatiza que sus conceptos son criterios orientadores y no tienen carácter vinculante en situaciones concretas, cuya resolución compete a la jurisdicción ordinaria.

el Ministerio de Minas y Energía en colaboración con el Ministerio del Trabajo, intensifica el control técnico y laboral en estaciones de servicio minoristas de combustibles líquidos. Esta medida busca garantizar el cumplimiento de estrictos estándares operativos, técnicos y de seguridad, asegurando condiciones laborales dignas y seguras para los trabajadores. Se realizarán inspecciones nacionales verificando capacitación, uso de equipos de protección, protocolos contra incendios y emergencias. Los hallazgos técnicos servirán para identificar posibles incumplimientos laborales, activando acciones administrativas para formalización contractual, respeto de derechos y afiliación a la seguridad social. Los distribuidores minoristas deben responder en máximo diez días hábiles con información detallada sobre su personal y condiciones laborales.

Ministerio del Trabajo aclara que la reducción gradual de la jornada laboral semanal a 46 o 42 horas no afecta el descanso ni la remuneración de los días festivos, los cuales son considerados descansos remunerados similares al dominical y no requieren compensación por parte del trabajador. La Ley 2101 de 2021 mantiene este régimen sin cambios en días festivos. Además, el empleador puede implementar la reducción de jornada de forma gradual o automática, respetando límites legales y sin afectar el salario. Los conceptos emitidos son orientadores y no de obligatorio cumplimiento, correspondiendo a los jueces resolver controversias laborales.

El Ministerio de Trabajo precisa que la licencia parental compartida permite distribuir entre padres las últimas seis semanas de la licencia de maternidad, garantizando la corresponsabilidad en la crianza. La madre debe tomar mínimo 12 semanas intransferibles, y el acuerdo de distribución debe ser mutuo, escrito y autorizado por el médico para proteger la salud de madre e hijo. La licencia es remunerada según el salario del padre o madre que la disfrute, pagada por el empleador o EPS según normativa. No pueden acceder padres con condenas recientes por delitos sexuales, violencia intrafamiliar o medidas de protección en contra. La ley busca igualdad, pero requiere acompañamiento con campañas de corresponsabilidad.