“los literales f) y g) de la Ley 2013 de 2019 son causales que tipifican eventos en los que particulares devienen en sujetos obligados a cumplir las obligaciones originadas en la Ley 2013 de 2019. Por virtud de esas normas, los contratistas del Estado que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 2013 de 2019 son aquellos que ejercen función pública, presenten servicios públicos o administren bienes y recursos públicos.”

Superfinanciera aclaró que la rentabilidad del mes de mayo de 2021, a tener en cuenta para el traslado de los recursos pensionales del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, es del 0,28% efectivo mensual.

El DTF Pensional se define como la tasa de interés efectiva anual correspondiente al interés compuesto de la inflación anual representada por el IPC. Para los bonos pensionales que se expidan por razón del traslado al régimen de ahorro individual hasta el 31 de diciembre de 1998, el DTF Pensional se calculará adicionando el IPC en cuatro puntos anuales efectivos.

Con ponencia del magistrado Guillermo Sánchez Luque, se declaró la legalidad de la Resolución 1408-2020, del Ministerio de Salud que adoptó el protocolo de bioseguridad para la prevención del contagio del COVID-19, en las actividades de exhibición cinematográfica y presentación de obras de las artes escénicas en autocines, autoeventos, salas de cines y teatros. “En relación con el examen formal y material realizado en este control inmediato de legalidad,

 La Sala se refirió al decreto 430-2004, a través del cual se creó el Mecanismo Público de Administración de Contingentes Agropecuarios (MAC) “como un instrumento para adjudicar a los importadores, mediante pública subasta, parte del contingente de asignación estacional de determinados productos, entre los cuales se encuentra la subpartida 1005.90.11.00 (maíz amarillo) de la clasificación Nandina 05, provenientes de países distintos a los miembros de la CAN (artículos 1. ° y 2. °).

“De conformidad con la Ley 550 de 1999 que establece los acuerdos de reestructuración empresarial, el promotor de un acuerdo de reestructuración es una persona natural designada por la superintendencia respectiva, en este caso la Supersociedades, encargado de participar en la negociación, analizar y elaborar los acuerdos de reestructuración en sus aspectos financieros, administrativos, contables, legales y demás”.

El procedimiento policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, en el caso de los bienes rurales, se encuentra reglado por el Decreto 747 de 1992. “En este procedimiento policivo se despliega la función de policía para preservar el orden público y evitar la perturbación de la posesión, y cuya regulación la complementan los procedimientos señalados en los Códigos de Policía

Para la Sala, la petición de PORVENIR II S.A.S E.S.P., no procura la aclaración del auto de 14 de septiembre de 2020, sino que se discuta nuevamente el asunto que ya fue objeto de decisión, lo cual pone de manifiesto que la solicitud de aclaración no resulta procedente, en la medida que la providencia no contiene frases o conceptos que ofrezcan duda, lo que impone su denegatoria, como en efecto se dispuso en la parte resolutiva de la presente providencia.