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Prensa Jurídica

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El Plan de Relacionamiento con la Ciudadanía del Ministerio TIC busca fomentar un diálogo efectivo con la comunidad, promoviendo la transparencia y la ética pública. Este plan, que se construye con la participación activa de los colombianos, incluye iniciativas para racionalizar trámites y mejorar el servicio al ciudadano, así como un Mapa de Riesgos de Corrupción que identifica y mitiga posibles irregularidades. Además, se implementará una Estrategia de Participación Ciudadana que permitirá a los grupos de valor y a la comunidad en general expresar sus opiniones y sugerencias. La entidad abre un espacio para que los ciudadanos envíen sus comentarios hasta el 23 de enero de 2025, con el objetivo de estructurar un documento que refleje las necesidades y expectativas de la población, garantizando así una gestión institucional más efectiva y transparente. La participación ciudadana es fundamental para construir un futuro más colaborativo y responsable.

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La "Agenda Regulatoria de la CRC 2024-2026", establece un marco normativo para promover la competencia, eliminar barreras al despliegue y proteger a los usuarios en el sector de las telecomunicaciones, postal y audiovisual. En un contexto internacional y nacional cambiante, la CRC busca maximizar el bienestar de los usuarios y garantizar el pluralismo informativo. La agenda se basa en un análisis exhaustivo de tendencias regulatorias internacionales y se alinea con los pilares del Plan Estratégico Institucional 2021-2025. El documento se estructura en seis capítulos: la presentación inicial, un análisis de tendencias regulatorias, un panorama económico y sectorial, el enfoque y selección de iniciativas, la descripción de las iniciativas y los plazos indicativos para su ejecución. Se priorizan iniciativas mediante criterios objetivos, considerando la capacidad de la entidad en términos financieros y técnicos.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ha publicado un proyecto de resolución con el objetivo de reglamentar y simplificar la vigilancia, inspección y control de los servicios de televisión, radio y servicios postales en Colombia. Este borrador busca actualizar el modelo existente, que fue implementado en 2011, para adaptarse a las nuevas normativas, buenas prácticas internacionales y cambios en la estructura del Ministerio, así como al desarrollo de herramientas tecnológicas. El nuevo modelo se orienta hacia un enfoque preventivo y basado en riesgos, integrando tecnologías de la información y modelos de inteligencia artificial. Esto permitirá una recolección, procesamiento y análisis de datos más eficientes, facilitando la identificación de situaciones que puedan amenazar el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, así como de los operadores postales.

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El proyecto de decreto del Ministerio TIC tiene por objeto reglamentar los términos relacionados con los contenidos digitales y los servicios de educación virtual. Se propone subrogar el Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, lo que implica un retorno a la clasificación y conceptos establecidos en la normativa anterior, en el marco de los numerales 6 y 20 del artículo 476 del Estatuto Tributario. Este decreto busca definir condiciones claras para la exclusión del IVA en los servicios de educación virtual y en la adquisición de software para el desarrollo de contenidos digitales, promoviendo así el crecimiento de las industrias creativas digitales en el país. Además, se establece que el Ministerio TIC evaluará si los servicios de educación virtual y el software cumplen con los requisitos necesarios para acceder a estas exclusiones fiscales, considerando la finalidad comercial del software. 

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El Ministerio TIC publicó un proyecto de Decreto que reglamenta el funcionamiento del Centro de Monitoreo e Inspección de Servicios de Comunicaciones (CMIC). Este centro se establece como una iniciativa integral para mejorar la vigilancia, inspección y control en el sector de las telecomunicaciones. El CMIC operará con una plataforma robusta y moderna, diseñada para responder a las necesidades específicas del sector, permitiendo la gestión integral de la información reportada por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, así como por los operadores postales.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha propuesto una simplificación integral de su marco regulatorio, buscando reducir las cargas regulatorias. Esta iniciativa se basa en una metodología mejorada que identifica artículos candidatos a simplificación, considerando criterios como la evolución del mercado, duplicidad y transitoriedad. La propuesta involucra a todos los sectores regulados por la CRC, incluyendo telecomunicaciones, televisión, contenidos audiovisuales y servicios postales, y es resultado de un trabajo conjunto entre la CRC, los regulados y otros grupos de interés.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena por fraude a los procesados que inscribieron el "Manual de Registro del Estado Civil de las Personas" en el año 2006, utilizando un certificado de autoría que contenía un 36.1% de plagio de otra obra. Este acto fue considerado un intento de obtener ventajas indebidas en un concurso público para el nombramiento de notarios. En su análisis, la Corte evaluó la existencia de la conducta punible y la responsabilidad de los procesados, destacando que la acción penal no había prescrito al momento de la sentencia, ya que esta fue emitida el 22 de junio de 2018, antes de que venciera el plazo de prescripción. La Corte evidenció que los procesados presentaron un certificado de inscripción de derechos de autor que contenía un porcentaje significativo de plagio, lo que llevó a la Alta Corte a considerar que su conducta constituía fraude procesal. La inscripción de derechos de autor debe realizarse de manera ética y legal, respetando la originalidad de las obras y evitando la apropiación indebida de la creación de otros.

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La controversia se originó en virtud del valor que la ANTV, (hoy MinTic) determinó que debía pagar Global TV Telecomunicaciones S.A. (contratista), por la prórroga de una concesión para la explotación del servicio público de televisión por suscripción. La Sala reafirmó que los contratos de concesión, incluidos los de televisión por suscripción, se ejecutan por cuenta y riesgo del concesionario. Esto significa que el concesionario asume todos los riesgos económicos, operativos y comerciales asociados a la explotación del servicio, lo que incluye la posibilidad de no recuperar las inversiones realizadas. Por lo tanto, cualquier variación en las estimaciones de ingresos y costos no puede ser motivo para cuestionar la validez de las decisiones de la CNTV.