El Consejo de Estado estudió las causales de rechazo de propuesta de contrato de concesión minera y las solicitudes formalización de minería tradicional. Con la expedición de la Ley 2250 de 2022, se estableció un nuevo marco regulatorio para la legalización y formalización de las labores de minería tradicional sin título que se venían realizando en el territorio nacional. A partir del recuento normativo y jurisprudencial que acaba de hacerse, la Sala precisa que, ni la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010, ni la suspensión provisional y posterior anulación del Decreto 933 de 2013, tuvieron como efecto la culminación automática o “decaimiento” de los procedimientos administrativos derivados de las solicitudes de formalización de minería de hecho. Esto es así, por cuanto en dichas decisiones no se efectuó consideración o se dictó orden alguna en tal sentido, y porque por expreso mandato legal contenido en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, el trámite de dichas solicitudes debía continuar bajo los parámetros establecidos en esta ley. La Sala explicó por qué por expreso mandato legal contenido en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, el trámite de las solicitudes de formalización de minería tradicional debía continuar bajo los parámetros establecidos en esta ley.

Descargar documento