El Gobierno impulsa un proyecto de resolución para acelerar la transición energética del país. La iniciativa modifica la Resolución MME No 40509 de 2024 y reglamenta el Registro de Comunidades Energéticas (RCE), un pilar para fomentar la participación ciudadana en la generación, comercialización y uso eficiente de energías renovables. El objetivo primordial es democratizar el acceso energético, focalizando en poblaciones vulnerables, áreas rurales, municipios PDET y ZOMAC, territorios campesinos y de reincorporación, así como zonas con alta pobreza multidimensional y energética. Esto busca garantizar condiciones económicas asequibles, desarrollar economías locales sostenibles, reducir emisiones y cerrar brechas socioeconómicas, promoviendo un desarrollo energético inclusivo y respetuoso con el medio ambiente. El registro permitirá a estas comunidades acceder a beneficios legales y regulatorios.

El Ministerio de Minas, a través de la Dirección de Hidrocarburos, publicó un proyecto de resolución para fijar nuevos lineamientos que aseguren la verificación y el control del reconocimiento de la compensación por el transporte terrestre de combustibles líquidos y Gas Licuado de Petróleo (GLP) con destino al departamento de Nariño. La iniciativa busca optimizar la prestación de servicios públicos esenciales en esta zona de frontera, en línea con mandatos constitucionales y legales. Se detallan procedimientos rigurosos para distribuidores minoristas y mayoristas, incluyendo la revisión física y documental en estaciones de servicio, el uso de plataformas como SICOM y SIGDI para el registro de operaciones, y la verificación de volúmenes despachados.

El Gobierno otorgó otorgar el permiso de exploración geotérmica para el proyecto El Barranquero, ubicado entre Samaná (Caldas) y Nariño (Antioquia). Este permiso de cinco años, con una inversión superior a $38.556 millones, permitirá aprovechar el calor del subsuelo como fuente de energía eléctrica. La iniciativa busca incorporar la geotermia como una fuente limpia, firme y confiable 24/7, complementando las energías hidráulica, solar y eólica para fortalecer la seguridad y soberanía energética del país. El ministro Edwin Palma destacó que la geotermia será una realidad, materializando la transición energética y diversificando el portafolio nacional. El proyecto incluye relacionamiento comunitario y seguimiento técnico.

El Ministerio de ambiente publicó un proyecto de norma para crear el Comité Técnico Nacional del Programa sobre el Hombre y la Biósfera (MAB), una iniciativa para la gestión ambiental del país. Este nuevo organismo, adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo principal coordinar la implementación y seguimiento del programa MAB de la UNESCO, integrando las siete Reservas de la Biósfera ya reconocidas en Colombia con la red mundial. La conformación del comité busca fortalecer la conservación de la biodiversidad, promover el desarrollo humano y económico sostenible, e impulsar una gobernanza inclusiva que reconoce el rol fundamental de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en la custodia de los territorios, alineándose con los acuerdos internacionales y el Plan de Acción de Hangzhou.

El Ministerio de Ambiente publicó una norma para la conservación y el manejo sostenible de los guaduales y bambusales naturales Categoría 1 en Colombia, y su registro para proteger los ecosistemas. Esta normativa reglamenta el registro obligatorio de estos ecosistemas vitales, en cumplimiento de la Ley 2206 de 2022. Busca un equilibrio entre la protección ambiental, reconociendo su valor como patrimonio natural y su rol en la mitigación del cambio climático, y el fomento de su uso productivo responsable en diversos sectores económicos. La resolución detalla los procedimientos para el registro, que será gratuito, y establece las obligaciones de los titulares, asegurando la integridad de estos valiosos recursos naturales.

El Gobierno publicó un proyecto de decreto para fortalecer la normativa del sector agropecuario, con el fin de establecer mecanismos efectivos para la identificación y protección de los territorios indígenas. Esta iniciativa, fundamentada en la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, reconoce la importancia vital de la relación de los pueblos indígenas con sus tierras, territorios y recursos, así como su diversidad cultural y sistemas propios. El decreto busca asegurar la espacialización y unificación de toda la información territorial indígena en el Sistema de Información Geográfica Indígena (SIG-indígena) de la Comisión Nacional de Territorios y Territorialidades Indígenas (CNTI). Esto incluye desde resguardos constituidos y territorios ancestrales, hasta espacios sagrados, tierras adquiridas y zonas en proceso judicial, proporcionando una función cautelar, preventiva e indicativa.

Colombia Compra publicó el proyecto que adopta la versión 2 de los documentos tipo para modernizar y optimizar los procesos de contratación pública en infraestructura de agua, saneamiento básico y estructuras hidráulicas. Este proyecto de normativa, de aplicación obligatoria para entidades estatales en licitación pública o esquema llave en mano, promete incrementar la eficiencia, transparencia y competitividad. La medida deroga las Resoluciones 248 y 249 de 2020, incorporando importantes actualizaciones como el fomento de la participación de personas con discapacidad, nuevos criterios socio-ambientales y mejoras en requisitos habilitantes, así como la expansión del alcance para incluir estructuras hidráulicas. Se fortalecen aspectos clave como el glosario y la matriz de experiencia, adaptando la contratación a las realidades del país y simplificando trámites para asegurar una gestión más íntegra.

La SSPD emitió un concepto sobre el régimen de conservación y mantenimiento de redes aéreas y subterráneas en el espacio público municipal. Ante la consulta, la entidad aclara que, aunque no aprueba contratos de prestadores, estos son los directos responsables de la operación, mantenimiento y reparación de su infraestructura bajo estrictos estándares técnicos (RETIE, RAS, CREG). Los municipios deben velar por el espacio público y licencias, pudiendo reportar a la SSPD deterioros o riesgos derivados del mal estado de las redes para que se investiguen incumplimientos.