Prensa Jurídica
Reglamentado el registro de viveros ante el ICA
Toda persona natural o jurídica que se dedique a la producción, comercialización o ambas actividades, de material vegetal de propagación y/o plantas vivas a través de viveros y/o huertos básicos, debe registrar el vivero productor y/o comercializador o el huerto básico ante la Gerencia Seccional del ICA de la jurisdicción donde se encuentre ubicado, mediante solicitud que cumpla con los requisitos establecidos en este acto.
En el presente documento la CRC caracteriza el mercado de envíos masivos y se identifican las presiones competitivas que ocurren en el mismo; “se desarrolla la metodología de Análisis de Impacto Normativo (AIN), identificando las causas y consecuencias del problema, con el objetivo de iniciar la discusión de las posibles medidas regulatorias a implementar y su relación con el contexto del mercado de envíos masivos en Colombia. Adicionalmente, se presentan los objetivos del proyecto para atender el problema planteado y se explica el marco normativo del servicio de mensajería expresa, que tiene como fin la distribución de objetos postales masivos”.
A través de este acto administrativo la entidad define y adopta los criterios de calificación para los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial -PIDAR- viables, que se han presentados para hacer cofinanciados con recursos de la ADR bajo los parámetros establecidos en el acuerdo 11 de 2023 y sus respectivas modificaciones.
El proyecto de circular de la Entidad tiene como objetivo incluir a las Cámaras de Comercio y a las Entidades Sin Ánimo De Lucro Extranjeras con negocios permanentes en Colombia, como sujetos obligados a establecer un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF, a su vez como sujetos obligados a poner en marcha Programas de Transparencia y Ética Empresarial a través de Actividades de Autocontrol Y Gestión de los Riesgos de Corrupción y de Riesgos de Soborno Transnacional.
El artículo 2 de la Ley 1116 de 20061 (reglamentado por el Decreto 1038 de 2009)2, establece la posibilidad de que los patrimonios autónomos afectos a actividades empresariales accedan a los procedimientos concursales en calidad de deudores, así: “Artículo 2. Ámbito de Aplicación. Estarán sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales comerciantes y las jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixto. Así mismo, estarán sometidos al régimen de insolvencia las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales. (Resaltado fuera de texto). El Gobierno Nacional establecerá los requisitos de admisión de dichos patrimonios autónomos al trámite de insolvencia a que se refiere la presente ley”.
De tratarse de la expedición de una certificación de la prestación de la actividad de disposición final cuando media un contrato suscrito entre una persona no prestadora del servicio púbico de aseo y el operador del relleno, con el fin de acceder a la actividad de disposición final, los cobros relacionados con certificaciones deberán atender los dispuesto en el referido contrato sin que esta Superintendencia tenga competencia para pronunciarse sobre el particular.
La Entidad indicó que el parágrafo del artículo 5 de la Resolución CRA 424 de 2007 (actualmente compilado en el artículo 3.1.5. de la Resolución CRA 943 de 2021) establece que “En todo caso, para que se restablezca el servicio luego de un corte, no habrá lugar al cobro de cargos por una nueva conexión”. Siendo así, de lograr acreditarse el pago de los costos de conexión en un momento determinado, le está prohibido al prestador cobrar cargos por una nueva conexión. Teniendo en cuenta lo indicado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-636 de 2000, la condición de “propietario” del inmueble no es un requisito indispensable para solicitar la prestación de los servicios, su suspensión y/o terminación. De ahí que resulta viable que la suspensión, reinstalación o reconexión de un servicio sea solicitada por una persona beneficiaria del servicio distinta del propietario
La facultad de efectuar el cobro de las facturas de los servicios públicos domiciliarios a través del procedimiento de cobro coactivo, de manera inicial, se encuentra únicamente en cabeza de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado –EICE- prestadoras de estos servicios. Sin embargo, la Corte Constitucional mediante sentencia C-035 de 2003 realizó el análisis de constitucionalidad de la norma citada, de la siguiente manera: “Esta norma fija unas reglas de competencia que se explican así: las empresas de servicios públicos oficiales, mixtas o privadas sólo pueden cobrar ejecutivamente su cartera morosa a través de la jurisdicción ordinaria. Por contraste, las empresas industriales y comerciales del Estado tienen una alternativa para cobrar su cartera morosa: la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción coactiva, pudiendo a su arbitrio utilizar una u otra vía en la forma que mejor se ajuste a sus necesidades y posibilidades institucionales. Esta doble opción también se predica de los municipios cuando quieran que presten directamente servicios públicos domiciliarios, según voces de la ley 136 de 1994 en consonancia con el artículo 130 de la ley 142.”