Prensa Jurídica
De acuerdo con el presente concepto, Este proyecto se enmarca dentro de la política de Transición Energética Justa adoptada mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Esta política está compuesta por cinco ejes fundamentales: (I) mayores inversiones en energías limpias y descarbonización; (II) la sustitución progresiva de la demanda de combustibles fósiles; (III) mayor eficiencia energética; (IV) revisión y eventual flexibilización de la regulación para acelerar la generación de energías limpias, y (V) reindustrialización de la economía colombiana.
El texto de la providencia aún no está disponible; se trata del comunicado de prensa que sustenta la decisión. La Sala Plena declaró inexequible el Decreto Legislativo 1085 del 2 de julio de 2023, que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira. La Alta Corte concedió efectos diferidos a esta decisión por el término de un (1) año, contados a partir de la expedición del decreto respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua. Adicionalmente: Exhortó al Gobierno y al Congreso para que, “en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ordinarias, adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira constatada en la Sentencia T 302 de 2017 y, con ello, se garantice la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa zona del país. Así mismo, para que fortalezcan las instituciones previstas en el orden amiento jurídico con competencias en materia de cambio climático y le asignen los recursos que las circunstancias demanden.
Lo anterior teniendo en cuenta que la norma no contempló una aplicación retroactiva del factor regional. Así se encuentra consignado en un reciente concepto emitido por la autoridad ambiental. La tasa retributiva por vertimientos puntuales de agua, es un tributo de periodo, por lo cual la aplicación de cualquier norma que afecte alguno de sus elementos esenciales debe aplicarse a partir del período siguiente que, para el caso concreto y como se menciona a través de este concepto, empezará el 1 de enero de 2024; lo anterior significa que no hay lugar a aplicar de manera retroactiva el artículo 25 de PND, habida cuenta que el legislador no plasmó de manera expresa y taxativa dicha acepción.
CREG: “una infraestructura de importación es nueva cuando se construye e instala para importar gas natural”
De acuerdo con la definición de “Nueva infraestructura de importación de gas natural” del artículo 2 de la Resolución CREG 101 017 de 2022, transcrita en su comunicación, entendemos que una infraestructura de importación es nueva cuando se construye e instala para importar gas natural, es decir, es una infraestructura que configura una fuente de importación que no existía en el país. No se considera nueva infraestructura de importación aquella que remplaza, complementa o amplia infraestructura existente, por ejemplo, con la instalación de nuevos módulos o equipos, bien sea onshore u offshore. Ahora bien, en lo que respecta a la función que vaya a prestar la nueva infraestructura de importación, la regulación no hace ninguna referencia que limite el concepto de nueva infraestructura de importación.
El aforo permite individualizar la producción de residuos de un usuario, y por tal motivo, el prestador de la actividad de aprovechamiento que realice dicho aforo, será el que reciba los recursos de dicha gestión. Particularmente para la actividad de aprovechamiento, esta es una actividad complementaria del servicio de aseo y de interés colectivo, ya que la calidad y continuidad en su prestación beneficia directamente a todos los suscriptores y/o usuarios de la infraestructura y equipamiento urbano, por tanto, se definió que todos los usuarios deben contribuir al cubrimiento de sus costos asociados en la misma medida.
La Entidad reiteró que “las áreas de servicio exclusivo tienen como único fin el aumento de la cobertura de los servicios públicos domiciliarios, en este caso del servicio público de aseo, a las personas de menores ingresos. En ese sentido, se reitera lo expuesto en el concepto emitido previamente en relación con que no es coherente indicar que existe cobertura total del servicio de aseo en determinado municipio, pero que no existe cobertura en una de las actividades que lo componen como es el componente de limpieza urbana. Esto por cuanto el mismo hacer parte de las obligaciones a cargo de las personas prestadoras en su área de prestación”.
La determinación del tipo de consumo, está sujeta a unos rangos que dependen de la altitud de las ciudades y municipios; de modo tal que si un municipio se encuentra ubicado por debajo de los 1.000 mts. sobre el nivel del mar, le es aplicable el tercer rango de consumo, es decir, aquel conforme con el cual, serán considerados como “Consumo básico”, 16 m3, “mensuales por suscriptor facturado” y por encima de dicho consumo y hasta 32m3, será catalogado como “complementario”. El consumo por encima de dicho límite será “suntuario”.
La Entidad resalta que las inhabilidades han sido clasificadas en dos (2) grupos: I) inhabilidades-sanción y II) inhabilidades-requisito. En el primer grupo se encuentran las inhabilidades que surgen como consecuencia de un proceso sancionatorio, en los ámbitos penal, disciplinario, contravencional o de pérdida de investidura. En el segundo grupo están aquellas que no devienen de un proceso sancionatorio, sino de condiciones propias de la persona y garantizan la moralidad, la imparcialidad, la eficacia y la transparencia.