Prensa Jurídica
Para el caso del servicio público domiciliario de energía, los eventos en los cuales se considera procedente la suspensión del servicio, fueron considerados a la luz de la normativa aplicable y explicada por esta Entidad a través del presente concepto. Para proceder al
SDA efectuó un repaso normativo sobre la destinación de recursos del 1% para desarrollo de aplicativo de predios
La Entidad concluyó “el porcentaje del 1% de los ingresos corrientes de que trata el artículo 111 de la ley 99 de 1993 modificado por los artículos 106 de la Ley 1151 de 2007 y 210 de la Ley 1450 de 2011, es una fuente de financiación con destinación específica, la cual es
La Entidad precisó que se encuentra en ejecución de dos consultorías como soporte al estudio de la actividad de aprovechamiento, a continuación, se citan las mismas: I. “Consultoría para la elaboración de propuesta de los costos eficientes que pueden ser incorporados en la
La ANM preció que el artículo 26 de la ley 2250 de 2022, por medio del cual se establece un marco jurídico especial en materia de Legalización y Formalización Minera, así como para su financiamiento, comercialización y se establece una normatividad especial en materia ambiental, a juicio de esta Oficina, el artículo 26, sobre el derecho de preferencia, aplica para los titulares mineros descritos en los artículos previamente señalados, según los escenarios que allí se establecen, mas no a mineros en proceso de legalización o formalización.
Texto de la sentencia de la Sala de Extinción del Derecho del Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, a través de la cual ratificó que la cadena de farmacias de Drogas La Rebaja, queda definitivamente a cargo del Estado, dado su origen ilícito. “Así, se entiende que si bien es cierto, la marca “La Rebaja” no registra a nombre de COPSERVIR LTDA., por ausencia de solemnidad en la Oficina correspondiente, sino únicamente en los acuerdos privados, y que en la oficina de divulgación oficial de propiedad industrial está a nombre de DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A EN LIQUIDACIÓN, también lo es que, dicho activo si resultó afectado en este proceso y fue objeto de declaratoria de extinción del derecho de dominio, decisión respecto de la cual no se promovió recurso alguno, ni por parte del apoderado de COPSERVIR, como tampoco del representante de quien figura como titular en la Superintendencia de Industria y Comercio, se mantiene incólume la decisión del a quo”.
A través del presente concepto, la Entidad indicó que la regla general en materia de manejo presupuestal de las empresas de servicios públicos de naturaleza mixta, cuyo capital público aportado por la Nación o sus entidades descentralizadas, sea inferior al noventa por ciento (90%), es decir, que se encuentre entre el rango comprendido entre el cincuenta por ciento (50%) y el ochenta y nueve por ciento (89%) de los aportes, es que el régimen aplicable será el del derecho privado. En este sentido, la aprobación del presupuesto de estas empresas mixtas corresponderá al respectivo órgano de gobierno social, es decir, a la asamblea general de accionistas.
De acuerdo con el presente concepto, el vínculo contractual entre un prestador de servicios públicos domiciliarios y el suscriptor o usuario de los mismos surge cuando se celebra el contrato de servicios públicos y, será a partir de tal momento, que el solicitante podrá tener acceso al servicio, es decir que, en términos generales, para poder recibir o beneficiarse del mismo, será necesaria la existencia de un contrato de servicios públicos.
La SSPD indicó que es posible que un prestador del servicio público de energía eléctrica deba notificar al usuario de la revisión al medidor para analizar su posible reemplazo y/o reparación, si así se encuentra pactado en el contrato de condiciones uniformes. De igual forma, también es posible que el prestador deba advertir a sus usuarios que tienen derecho a la asistencia de un técnico particular en el caso de una revisión técnica a sus medidores, si dicha condición se pacta en el respectivo contrato de condiciones.