El concepto se centra en la protección del derecho a la intimidad de los consumidores en el contexto de la gestión de cobranza, conforme a la Ley 2300 de 2023. Esta ley establece que las entidades que realicen actividades de cobranza deben contactar a los consumidores únicamente a través de los canales que estos hayan autorizado previamente. Esto implica que cualquier intento de contacto no autorizado vulnera el derecho a la intimidad del consumidor.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recomienda al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) varias acciones clave para mejorar el proyecto de certificación en Bienestar Animal. En primer lugar, sugiere que el ICA justifique las razones técnico-económicas que fundamentan los porcentajes de clasificación de los predios, asegurando transparencia en el proceso de evaluación. Además, se debe aclarar el valor asignado a cada requisito para definir la evaluación final, lo que contribuiría a una mayor claridad en el proceso de certificación.
Durante los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2024, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia participó en el XIV Foro Internacional Latinoamericano de Protección al Consumidor, celebrado en Bogotá. Este evento fue organizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y reunió a académicos, expertos y representantes de más de 10 países iberoamericanos. En este foro, Colombia asumió la Presidencia Pro Tempore del XVIII Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC) para el periodo 2024-2025, lo que resalta su compromiso con el fortalecimiento de la protección al consumidor en la región.
La Superintendencia de Industria y Comercio emitió una circular dirigida a personas naturales y jurídicas que comercializan, promocionan y publicitan proyectos constructivos destinados a vivienda. El objetivo principal de ésta es garantizar el cumplimiento de las disposiciones de protección al consumidor, enfocándose en la información mínima que debe ser proporcionada, así como en la publicidad y las condiciones de negociación. Se establecen criterios para que la información sea adecuada, clara, veraz y comprensible, asegurando así los derechos de los consumidores inmobiliarios. Entre las obligaciones destacadas, se incluye la necesidad de informar el precio de la vivienda en pesos colombianos y el derecho del consumidor a pagar el precio informado al momento de manifestar su intención de compra. La circular busca promover la transparencia y proteger a los consumidores de posibles prácticas engañosas.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) presenta varias recomendaciones a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en relación con el proyecto normativo. En primer lugar, sugiere ampliar la definición de "Empresas de Servicios" para incluir a agentes no constituidos como sociedades según el Código de Comercio, o justificar adecuadamente cualquier trato diferenciado. En segundo lugar, se recomienda delimitar los criterios de calificación y su peso relativo en la evaluación de propuestas, con especial atención al criterio de "mayor composición de capital nacional". Además, se aconseja considerar la inclusión de factores adicionales en cada proceso de selección para fomentar la competencia. La SIC enfatiza la importancia de garantizar escenarios competitivos y la transparencia en los procesos de contratación, asegurando que las reglas establecidas promuevan la libre competencia y eviten prácticas que puedan limitar la participación de diversos agentes en el sector. Estas recomendaciones buscan optimizar la gestión de los activos productivos de la Nación.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recomienda a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) justificar, con base en criterios técnicos, económicos y jurídicos, las reglas propuestas sobre la definición del percentil aplicable como valor de referencia para determinar el Precio de Escasez Inferior (PEI). Además, se sugiere que se explique la no incorporación de un mecanismo de transición para los generadores con Obligaciones de Energía Firme (OEF) previamente asignadas, argumentando por qué estas decisiones implican mayores beneficios en comparación con los riesgos identificados. La SIC también insta a la CREG a considerar alternativas regulatorias que podrían mitigar los riesgos en materia de libre competencia económica, asegurando así un entorno más equilibrado y competitivo en el mercado de energía, especialmente en situaciones críticas que afectan la oferta y los precios de la energía.
El concepto de abogacía de la competencia sobre el proyecto de norma del MinTransporte se centra en la revisión de la Resolución 20223040044455 de 2022, que establece regulaciones técnicas para llantas neumáticas. Se identifican tratamientos diferenciados sin justificación adecuada, lo que podría limitar la libre competencia. Se mencionan asimetrías de información debido a la falta de claridad en definiciones clave, como "fabricantes" e "importadores". Además, se critica la exclusión de llantas nuevas para el cuerpo diplomático y la prohibición de importar llantas reencauchadas, así como la aceptación de equivalencias de reglamentos internacionales sin verificación adecuada. El análisis sugiere que estas disposiciones podrían generar confusión y dificultar la supervisión del cumplimiento del reglamento, afectando la competencia en el mercado de llantas. Se recomienda una revisión exhaustiva para garantizar la transparencia y equidad en la regulación.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recomienda a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que la contratación del monitor del mercado se realice mediante un proceso competitivo que garantice la concurrencia y la selección objetiva, promoviendo así la libre competencia. Además, sugiere establecer mecanismos que aseguren la independencia del monitor frente a los agentes del mercado, lo que es crucial para mantener la imparcialidad y transparencia en sus funciones.