Con el cierre del Gobierno de Gustavo Petro, estas son las últimas normas firmadas y publicadas durante los dos últimos días de su mandato. El paquete regulatorio concentra medidas en los sectores medio ambiente, minas y servicios públicos domiciliarios, con disposiciones sobre cambio climático, mercados de carbono, protección de ecosistemas, pequeña minería, agua, saneamiento y medidores de energía prepago. También incluye normas de infraestructura, contratación pública, asuntos laborales, transporte y sector financiero, que introducen ajustes en regulación técnica, desarrollo territorial, mano de obra local y movilidad.
Sector Medio ambiente y Minas
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Crea CIESCAZÚ para implementar el Acuerdo de Escazú, en cumplimiento de mandatos constitucionales sobre ambiente sano y participación, así como obligaciones internacionales. La Comisión articulará políticas y acciones nacionales para garantizar efectivamente los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental, y proteger a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. |
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Reglamenta y pone en operación el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión (PNCTE). Su objetivo es incentivar la reducción de gases de efecto invernadero y contribuir a las ambiciosas metas de mitigación del país, reflejadas en la NDC y otras políticas de acción climática, estableciendo la estructura y responsabilidades para su funcionamiento. |
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El decreto se deriva con el fin de dar cumplimiento de los mandatos constitucionales de protección ambiental y los compromisos internacionales derivados de su adhesión a la OCDE. El objetivo es implementar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en instalaciones de almacenamiento y/o aprovechamiento de residuos sólidos no peligrosos, asegurando su manejo sostenible y la prevención del deterioro ambiental |
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Se reglamenta el Fondo SINAPYBA, creado por la Ley 2374 de 2024, para cumplir con el mandato de establecer su organización y funcionamiento. Este fondo busca financiar el Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros, así como otros proyectos de bienestar animal dentro del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (SINAPYBA), reafirmando el compromiso con la protección animal y ambiental |
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Reglamenta los mercados de carbono, estableciendo su desarrollo, condiciones, criterios y marco institucional. Su objetivo es asegurar una mitigación del cambio climático efectiva, transparente y con integridad ambiental, promoviendo acciones reales y verificables, y contribuyendo a las metas nacionales e internacionales. |
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Modifica el Decreto 1083 de 2015, Único del Sector Función Pública, en lo relacionado con la integración del Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional y la incorporación de la política de Gestión Ambiental Institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-. |
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Adiciona el Título 16 al Decreto 780 de 2016, adoptando la Política Integral de Salud Ambiental (PISA) y creando el Sistema Unificado de Información de Salud Ambiental (SUISA). Esto responde a mandatos constitucionales y legales, y a la necesidad de fortalecer la gestión intersectorial y el abordaje "Una Salud" para proteger la vida y el ambiente, reduciendo la carga de enfermedad ambiental. |
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MinAmbiente resolución 868-2026/Términos de Referencia
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Adopta los Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en proyectos de pequeña minería. El objetivo es establecer lineamientos actualizados y obligatorios para prevenir y controlar el deterioro ambiental, asegurar el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales, incluyendo la evaluación de impactos por cambio climático, en cumplimiento de la normativa vigente. |
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MinAmbiente resolución-947-2026
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Establece el Plan Maestro de Erosión Costera (PMEC) 2025-2040. Este instrumento de política intersectorial es el resultado de un extenso proceso técnico, participativo y de coordinación con diversas entidades, la academia y la ciudadanía, consolidando los lineamientos y acciones necesarias para enfrentar la problemática de la erosión en las zonas costeras de Colombia |
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MinAmbiente resolución 961-2026/Documento Técnico/Listado Consejos/Listado Resguardos/Municipios Bioma |
Declara el bioma amazónico como reserva definitiva para proteger su inmenso valor ecológico, ambiental, cultural y ancestral. Esta medida busca preservar la riqueza natural, el ambiente sano, prevenir daños irreversibles y garantizar los derechos bioculturales y la pervivencia de los pueblos indígenas, ante riesgos críticos y la insuficiencia de protecciones existentes. |
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MinAmbiente resolución 970-2026
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Actualiza el área geográfica efectiva de la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal a 75.432,42 hectáreas, al incorporar polígonos cuyo estado jurídico cambió. También modifica el cronograma de actividades y prorroga la vigencia de la zona por dos años adicionales, hasta el 4 de marzo de 2029, para culminar estudios técnicos y garantizar la protección ambiental. |
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PROYECTO DE NORMA MINISTERIO DE AMBIENTE |
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Proyecto de resolución reglamento técnico fuentes móviles terrestres/Concepto ANLA/Memoria justificativa
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MinAmbiente propone modificar requisitos del Certificado de Emisiones para fuentes móviles terrestres usadas. Busca modificar la Resolución 762 de 2022 y la 683 de 2026 para asegurar la coherencia técnica y efectividad del control ambiental. La reforma elimina el criterio de 8,000 horas de uso para el Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica (CEPD) en fuentes móviles usadas, debido a la imposibilidad de verificar objetivamente su estado. Se busca delimitar la aplicación del CEPD a fuentes nuevas y usadas con trazabilidad fiable, garantizando resultados verificables y un control ambiental previo robusto. |
Servicios públicos domiciliarios
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Incorpora criterios ambientales y de servicios públicos en la planificación territorial diferenciada. Esta medida busca adaptar la planificación territorial a las realidades únicas de cada municipio, priorizando sus capacidades administrativas y fiscales, dinámicas sociales, aspectos ambientales, y la disponibilidad de servicios públicos esenciales como acueducto, alcantarillado y energía. |
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Modifica el Decreto 1077 de 2015 para consolidar el derecho fundamental al agua y saneamiento básico, esencial para una vivienda digna y el bienestar. La reforma faculta a Fonvivienda para estructurar y ejecutar proyectos clave, asegurando el acceso y el mínimo vital de la población, con enfoque diferencial y promoción de la gestión comunitaria. |
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El Ministerio de Minas y Energía establece directrices para la implementación de medidores de energía prepago. El objetivo es asegurar la continuidad del servicio eléctrico a los usuarios, ofreciendo una alternativa menos severa que la suspensión por falta de pago. Busca mitigar la morosidad y garantizar el acceso ininterrumpido a la energía, especialmente para quienes enfrentan dificultades socioeconómicas |
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SSPD Circular conjunta CRA y MVCT 01-2026
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SSPD, MVCT y CRA establecen obligaciones a entidades territoriales para para la adecuada prestación del servicio público de aseo. Entre sus obligaciones se encuentran censar a los recicladores, identificar los centros de acopio y reportar los aportes bajo condición, de acuerdo con los términos y plazos definidos por la SSPD, con el propósito de garantizar la adecuada prestación del servicio. |
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SSPD impulsa nuevas herramientas para fortalecer la vigilancia ciudadana sobre los servicios públicos. Esta iniciativa busca promover una participación ciudadana más informada, facilitar la comprensión y vigilancia de los servicios públicos y garantizar el acceso a información relevante mediante un lenguaje claro y con enfoque territorial. |
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SSPD establece cómo los prestadores de servicios públicos deben reportar las reclamaciones, quejas y recursos de los usuarios al Sistema Único de Información (SUI). La norma detalla la estructura y periodicidad de estos reportes, y exige el registro de puntos de atención presencial y canales digitales. Su fin es estandarizar la información para optimizar la inspección, vigilancia y control, asegurando mayor transparencia y protección al consumidor. |
Sectores infraestructura
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Fortalece las buenas prácticas de reglamentación técnica en Colombia, alineándose con compromisos constitucionales e internacionales. Busca mejorar la transparencia, la participación ciudadana y la eficiencia en la expedición de normas técnicas, procedimientos de evaluación de la conformidad y medidas sanitarias/fitosanitarias, incorporando el Análisis de Impacto Normativo y la consulta pública. |
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Impulsa financiación de MiPymes mediante titularización de activos y acceso a recursos de inversionistas. Impulsa la financiación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) mediante mecanismos de titularización de sus activos. La medida permite que las sociedades fiduciarias y titularizadoras conviertan activos como carteras de crédito o flujos de caja en títulos valores para ofrecerlos en el mercado. |
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Reglamenta el uso compartido del espectro radioeléctrico IMT para maximizar el bienestar social y el uso eficiente de este recurso público. La norma busca cerrar la brecha digital, expandir la conectividad y mejorar la calidad de los servicios en zonas rurales y desatendidas, fomentando la competencia y el acceso universal a las TIC para todos los habitantes. |
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Reglamenta los Esquemas Asociativos Territoriales. Este decreto actualiza el procedimiento de registro en el REAT y la presentación/ejecución de iniciativas con recursos públicos, impulsando la gobernanza y la inversión de impacto regional |
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Elimina el plazo de seis meses en el registro de cambios o cancelaciones de inversiones internacionales. El objetivo es reducir las infracciones cambiarias (90% por extemporaneidad), armonizar los términos y permitir el registro en cualquier momento si la inversión es lícita, promoviendo mayor flexibilidad. |
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Modifica el Decreto 1077 de 2015 para optimizar el proceso de designación de curadores urbanos mediante concurso de méritos, asegurando la transparencia, idoneidad y continuidad del servicio. La medida busca fortalecer la función pública en el licenciamiento urbanístico, acorde con principios constitucionales de eficacia y moralidad administrativa |
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Reglamenta acciones urbanísticas y asegura la participación ciudadana en los POT, en cumplimiento de mandatos legales y judiciales. Además, establece lineamientos para la medición, inventario y aprovechamiento económico sostenible del espacio público, buscando una gestión territorial eficiente, transparente y protectora del interés general. |
Sector Contractual
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Decreto fortalece la Compra Pública Sostenible con criterios ambientales, sociales y económicos. Impulsa la Compra Pública Sostenible, exigiendo a entidades integrar criterios ambientales, sociales y económicos en todos los procesos y justificar su no inclusión. También, establece una caución para impugnar el Registro Único de Proponentes (RUP), fortalece el reporte de multas, sanciones e inhabilidades a las cámaras de comercio y exige cláusulas anticorrupción y verificación de listas restrictivas internacionales, buscando mayor transparencia y valor público. |
Sector laboral
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Regula la contratación mínima del 50% de mano de obra local en inversiones y programas regionales. Este decreto se emite para cumplir el artículo 80 de la Ley 2294 de 2023 y garantizar el derecho fundamental al trabajo digno, conforme a la Constitución y normas internacionales. Regula la contratación mínima del 50% de mano de obra local en inversiones y programas regionales, buscando promover el empleo, el desarrollo económico y la participación de las comunidades, siempre que exista capacidad laboral en la zona. |
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Reglamenta el trabajo doméstico remunerado, garantizando su formalización y condiciones laborales dignas. Busca proteger a este sector históricamente vulnerable, asegurando derechos fundamentales como la seguridad social, igualdad, libertad sindical, y mecanismos de inspección, en línea con la Constitución y convenios internacionales. |
Sector transporte
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Moderniza la regulación del transporte fluvial público. El objetivo es garantizar un servicio más accesible, de calidad y competitivo, cubriendo aspectos esenciales previamente no reglamentados. La reforma busca fortalecer la operación de empresas, actualizar normas técnicas de embarcaciones. |
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Modifica la reglamentación de Educación y Transporte para integrar la enseñanza sistemática de la educación vial. El objetivo es desarrollar competencias esenciales en niños, niñas y adolescentes para el uso adecuado, responsable y seguro de la bicicleta y otros medios de movilidad, fortaleciendo una cultura de seguridad y prevención en las vías. |
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Busca garantizar la accesibilidad, seguridad y formalización del transporte público, así como los servicios de tránsito y escolar, en áreas con condiciones especiales (rurales, geográficas, etc.) que impiden la prestación normal del servicio |
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Actualiza el marco regulatorio del servicio de taxi para fortalecer su eficiencia, transparencia y seguridad, respondiendo a dinámicas operativas y sociales actuales. Busca simplificar trámites, eliminar obstáculos administrativos y mejorar el control y la calidad del servicio, consolidando la modalidad para atender las necesidades del país |
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Actualiza la regulación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial. El objetivo es asegurar una prestación eficiente, segura y de calidad, modernizando la normativa para responder a las necesidades actuales del sector y su vital importancia para el desarrollo económico y turístico del país, en el marco de la Constitución y leyes vigentes |
Sector financiero
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Reglamenta la portabilidad financiera, un derecho establecido por la Ley 2294 de 2023. Esto busca fomentar la inclusión, la competencia y la innovación en el sistema, permitiendo a los consumidores trasladar productos de crédito entre entidades de forma transparente y gratuita, potenciando su libertad de elección y acceso a mejores servicios financieros. |