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Esto, según los medios de convicción en torno a las causas que confluyen en la generación del riesgo de desastre; y la atribución de responsabilidades a la ANI en el contexto del Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres. El Decreto 4165 de 2011 planteó que la ANI tiene una
“La figura del llamamiento en garantía no se encuentra prevista expresamente por dicha disposición, por lo que existe un vacío en la norma el cual debe suplirse acudiendo a la normativa general sobre el tema, la cual corresponde en el presente caso a lo previsto en el artículo
El demandante busca que se declare la nulidad de la resolución 0409 de 2022, proferida por el director de patrimonio y memoria del Ministerio de Cultura, por ser contrario a las normas que regulan, protegen, conservan el centro histórico declaro BIC y el Nivel 1 de
El Despacho encontró que el artículo 77 de la Ley 99 de 1993 habilitó al actor a demandar a través del medio de control de nulidad, la legalidad de las Resoluciones No. 168 del 13 de febrero de 2015, “por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se toman otras determinaciones”, y la No. 726 del 19 de junio de 2015, “por medio de la cual se resuelven unos recursos de reposición en contra de la Resolución 168 del 13 de febrero de 2015”, pues la finalidad de éstas es la expedición de una Licencia Ambiental para el desarrollo Hidroeléctrico del Río Samaná. Por otro lado, el demandado también afirmó que no es procedente la acción contenciosa de la referencia, debido a que con ella se busca restablecer a las víctimas del conflicto armado.
Lo que el Despacho encontró es que es que la demanda interpuesta pretendiendo la nulidad de la Resolución CRA 956 de 2021 “por la cual se adiciona el título 2 de la parte 8 del libro 5 de la Resolución CRA 943 de 2021 sobre ‘aspectos generales de los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas que
incluyan la remuneración entre personas prestadoras del servicio público de aseo que realicen las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas’”, expedida por la CRA, cumplió la carga mínima argumentativa en esta clase de acciones públicas, por lo que observó dicho requisito formal.
La Sala explicó que “en nuestro ordenamiento jurídico permite el desarrollo conjunto de dos o más proyectos en un mismo sector, en el evento en que la autoridad ambiental valore la viabilidad ambiental de los mismos e identifique el manejo, así como la responsabilidad
La Sala indicó que la controversia en el presente proceso gira en torno a la creación de nuevos requisitos para la obtención de contratos de concesión minera por parte de la ANM y a la adopción de los términos de referencia señalados en el literal f) del artículo 271, así como los
El Tribunal accionado precisó que, mediante auto de 23 de noviembre de 2022, ordenó a su Secretaría la remisión del expediente al Consejo de Estado, lo cual fue ejecutado el 6 de diciembre siguiente, razón por la que, a su juicio, debía declararse la carencia actual de objeto por
La Sala consideró que en cuanto a las demás manifestaciones alusivas a la: I) inexistencia de mecanismos de defensa en el proceso de cobro coactivo; II) existencia de prueba que acredita la vulneración de la dignidad humana de las personas de la tercera edad; III) negativa en
La Sala analizó la prestación del servicio de telecomunicaciones en San Andrés y providencia y la actividad regulatoria de la CRC por cuenta del cable submarino de fibra óptica. Con fundamento en los resultados de dicho estudio y, teniendo en consideración los términos