Consejo de Estado (6820)
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La decisión del Consejo de Estado se centra en la confirmación de las sanciones impuestas por la SSPD a Aguas de Manizales S.A. E.S.P. por incumplimiento del artículo 136 de la Ley 142 de 1994, que garantiza la continuidad del servicio de acueducto. La SSPD argumentó que la empresa había tenido fallas reiteradas en la prestación del servicio, lo que afectó a los usuarios en Manizales durante varios días en 2011. A pesar de los alegatos de Aguas de Manizales sobre el ejercicio de su derecho de defensa y la supuesta falta de notificación adecuada, el Consejo determinó que había una justificación suficiente para las sanciones, ya que las faltas eran graves, afectando el objeto social y la responsabilidad social de la empresa. El tribunal destacó que la SSPD cumplió con los requisitos de debido proceso al emitir las sanciones, las cuales fueron establecidas teniendo en cuenta criterios de proporcionalidad y razonabilidad, reflejando las graves consecuencias de la falta de continuidad del servicio para la comunidad.
La Sala consideró que la liquidación bilateral de un contrato es un negocio jurídico esencial, ya que se basa en un acuerdo de voluntades que define el estado de las prestaciones mutuas generadas por el contrato. Esto permite a las partes determinar los créditos o deudas resultantes e incluso aceptar su inexistencia. Basándose en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, se establece que durante la liquidación, las partes pueden alcanzar acuerdos sobre ajustes y reconocimientos, los cuales deben reflejarse en el acta de liquidación. Esta acta debe incluir todos los acuerdos y conciliaciones que permitan resolver las divergencias, lo que otorga plenos efectos vinculantes, conforme a los artículos 1602 y 1603 del Código Civil. La Sala subraya la importancia de cumplir con los plazos y procedimientos establecidos para la liquidación, reafirmando que esta debe ser formalizada para garantizar el acceso a la justicia y la protección de derechos en la relación contractual.
El Consejo de Estado determinó que no se configuró la responsabilidad patrimonial del Estado por la destrucción de la maquinaria pesada de la demandante, ya que la actuación de las autoridades se ajustó a las normativas vigentes que obligaban a destruir maquinaria utilizada en actividades de minería ilegal, conforme al Decreto 2235 de 2012. La Sala concluyó que se probó la existencia del daño, pero no se calificó como antijurídico, dado que la operación de destrucción fue una acción lícita en cumplimiento de deberes legales. Además, se verificó la presencia de minería ilegal en el predio donde se encontró la maquinaria, y a pesar de los esfuerzos de la Policía por identificar a los propietarios, no fue posible localizar a Buitrago Mora en el momento de la incautación. Por tanto, se consideró que la actividad de la autoridad estaba justificada y la demandante debía soportar los efectos de la actuación estatal.
El Consejo de Estado confirmó la decisión que ordenó al Municipio de Vijes y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) garantizar la adecuada prestación de servicios públicos, especialmente el acceso al agua potable. Esta medida se tomó debido a la evidente vulneración de derechos colectivos de los habitantes de varias veredas, quienes enfrentan problemas significativos en la calidad y disponibilidad del agua. La sentencia enfatiza la responsabilidad del Municipio no solo de supervisar la gestión de los prestadores del servicio, sino también de intervenir directamente para mejorar la infraestructura existente. La decisión busca asegurar que todos los residentes tengan acceso a estos servicios en condiciones de igualdad y salubridad, destacando la importancia de cumplir con obligaciones legales en materia de derechos humanos y medioambiente. Así, se ordena la asignación de recursos necesarios para asegurar que la infraestructura de agua potable sea funcional y cumpla con los estándares requeridos para la salud pública.
El análisis del Consejo de Estado se centra en la utilización de datos de ofertas descalificadas para calificar propuestas habilitadas en procesos de selección, destacando su impacto en la selección objetiva. El Alto Tribunal precisó que considerar tales datos compromete la fiabilidad del proceso, ya que la validez de los métodos estadísticos depende de la calidad y precisión de la información utilizada. Incluir cifras de postulantes que no cumplen requisitos mínimos resta objetividad a la selección, ya que estas cifras no reflejan la verdadera realidad del mercado y pueden ocultar ofertas excesivamente bajas. Además, el desconocimiento del pliego de condiciones, que establece claramente qué datos deben usarse para la evaluación, socava la transparencia del proceso. La selección objetiva exige que solo se incluyan propuestas válidas, pues el aumento en la cantidad de muestras no garantiza resultados más confiables si los datos son erróneos. El Consejo subraya que la integridad del procedimiento debe ser preservada mediante el respeto de las normativas establecidas y la consideración exclusiva de datos provenientes de participantes habilitados, asegurando así un proceso de selección justo y basado en criterios claros y objetivos.
La Agencia Nacional de Minería interpuso un recurso de apelación tras fracasar una audiencia de conciliación. Se solicitó revocar la sentencia de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda, argumentando que al declarar la caducidad del título minero no se incurrió en falsa motivación ni en infracción normativa, ya que el incumplimiento del contrato de concesión justificaba dicha declaración. Para la Sala, los demandantes no agotaron el requisito de conciliación extrajudicial antes de radicar su demanda, lo que constituye un defecto procesal insalvable. La sala, al revisar el expediente, concluye que este requisito es fundamental para que el juez contencioso administrativo pueda conocer el caso. Por lo tanto, al constatar que no se cumplió con dicho requisito, la sala se inhibe de resolver sobre el fondo de la controversia, revocando la sentencia de primera instancia que había aceptado las pretensiones de los demandantes.
El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad contra varias resoluciones de la CRA. Las resoluciones impugnadas son: la Nro. 962 de 28 de febrero de 2022, que modificó artículos sobre el Factor de Actualización de Costos; la CRA Nro. 964 de 30 de marzo de 2022, que adicionó un parágrafo relacionada con el Factor de Productividad; la CRA Nro. 966 de 31 de mayo de 2022, que incluye áreas de prestación del servicio; la CRA Nro. 985 de 30 de agosto de 2023, que adicionó parágrafos sobre el Factor de Productividad; y la CRA Nro. 994 de 30 de enero de 2024, referente a la adición de APS/NUSD. Estos actos administrativos son fundamentales para la regulación del servicio público de aseo en Colombia, especialmente en cuanto a la determinación de costos en este sector. La decisión del Consejo de Estado marca un paso en el análisis y posible reforma de las regulaciones existentes.
La Sala precisa que la institución del equilibrio económico del contrato, incluida en el artículo 27 de la ley 80 de 1993, tiene por efecto que en todo contrato estatal deba garantizarse la igualdad o equivalencia entre los derechos y las obligaciones mutuas surgidas al momento de haberse presentado la propuesta o de haberse contratado, de suerte que, alterada o fracturada tal equivalencia o equilibrio, las partes deben proceder a su restablecimiento. En relación con las causas que tienen la aptitud para alterar el equilibrio económico del contrato, la Sección Tercera de esta Corporación las ha clasificado en tres (3) grupos esenciales: (I) las situaciones originadas en factores externos a las partes del contrato que se enmarquen en la denominada “teoría de la imprevisión”; (II) los actos unilaterales de los entes contratantes que modifiquen las condiciones del contrato “ius variandi”; y (III) los actos generales proferidos por el ente contratante en ejercicio de sus funciones administrativas que terminan afectando el contrato “hecho del príncipe”. Las causales mencionadas tienen como denominador común la imprevisibilidad y anormalidad del hecho que origina el desequilibrio, lo cual implica que, para que se reconozca el rompimiento de la ecuación económica se requiere que tal fenómeno no se hubiere originado dentro del margen de riesgo propio del contrato ni bajo las circunstancias previstas por las partes al distribuir los riesgos del objeto contractual, en los actos antecedentes o en las cláusulas del negocio jurídico. Con todo debe concluirse que el simple hecho de que la contratista deje de obtener las utilidades esperadas o surjan mayores costos en la ejecución del contrato no constituye un rompimiento del equilibrio económico del contrato per se, comoquiera que existen riesgos que se derivan del alea normal de la actividad contractual.
La Sala se refirió al criterio jurisprudencial establecido según el cual antes del Decreto 2667 de 2012, las facturas de cobro por la tasa retributiva por vertimientos no eran consideradas actos administrativos definitivos, lo que limitaba el control judicial a los actos que resolvían reclamaciones sobre dichas facturas. Sin embargo, tras la expedición del Decreto 2667, se determinó que las facturas sí son actos definitivos y pueden ser objeto de control judicial, así como de recursos de reposición y reclamaciones administrativas. Se aclaró que las facturas resultantes de un recurso de reposición son actos de ejecución sin posibilidad de impugnación. Además, el término para presentar una demanda tras una reclamación administrativa debe contarse desde la notificación del acto que resuelve dicha reclamación. En este contexto, el auto del 1º de febrero de 2024 se considera un precedente judicial relevante. La Sala revocó el rechazo de la demanda relacionada con las facturas emitidas por la Carder, ya que la parte actora presentó su solicitud dentro del plazo legal tras la notificación de la resolución que resolvió la reclamación.
El Consejo de Estado revocó la sentencia que declaró la ineptitud de la demanda contra Corantioquia al considerar que el acto administrativo, la Resolución 130 AN-4250 del 17 de enero de 2006, no es simplemente una medida preventiva, sino un acto administrativo definitivo que afecta los derechos del demandante. La resolución en cuestión impuso una suspensión preventiva a las actividades del Frigorífico Santa Helena, argumentando la necesidad de evitar un daño ambiental inminente. Sin embargo, el demandante alegó que Corantioquia carecía de competencia para emitir dicha resolución, ya que la empresa no estaba obligada a obtener permisos de emisiones atmosféricas ni licencia ambiental, según las características de su operación. El Consejo de Estado, al considerar que la resolución tiene implicaciones significativas y que el demandante no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, concluye que es procedente el control judicial sobre el acto administrativo, revocando así la decisión de ineptitud de la demanda y permitiendo su análisis en el fondo.
