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 La Sala reiteró que “el cambio o la ampliación del concepto de gasto en las normas de información financiera -NIIF- no se traduce en el desuso del concepto de gasto de funcionamiento que establece la norma para efectos fiscales desaparezca para el año en discusión, y por el

“El artículo 2.º de la Ley 42 de 1993 estableció cuáles son los sujetos pasivos de control fiscal, entre los que se encuentran los particulares que manejen fondos o bienes del Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que maneje recursos del

“El artículo 647 del Estatuto Tributario establece que, procede la sanción por inexactitud, entre otros eventos, cuando en la declaración se incluyan costos inexistentes, de los que se derive un menor impuesto a cargo o un mayor saldo a favor del contribuyente. En el caso

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La Sala ordenó tramitar los llamamientos en garantía formulados por el Fondo de Adaptación contra la interventora del contrato de obra, y contra Seguros del Estado S.A. Los decretó porque “la entidad contratante tiene derecho a que en el mismo proceso se resuelva su relación

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“El artículo 191 CGP, aplicable por remisión del artículo 211 CPACA, prevé que la declaración de parte podrá ser apreciada como confesión, es decir, en aquello que le produzca consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezca a la parte contraria cuando reúna los

“En primer lugar, para la apelante los actos acusados están falsamente motivados, porque las modificaciones efectuadas a la declaración privada se fundamentan en un concepto de la DIAN que fue anulado en sentencia dictada por esta Corporación. Por el contrario, la

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La Sala advirtió que, “para la época de los hechos, la normativa relacionada con la prevención de desastres, en concreto, la Ley 46 de 1988 y el Decreto Ley 919 de 1989, la Directiva Presidencial. 33 del 8 de octubre de 1990, el Acuerdo Municipal 14 de 1994, la Ley 388 de

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La Sala “no compartió el argumento del Tribunal según el cual si el gobernador de la época tenía facultad para suscribir el negocio jurídico principal también la tendría para celebrar el contrato accesorio de transacción. Precisamente, el gobernador no requería de una

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La Subsección, con ponencia de este despacho, ha considerado que la culpa de la víctima no se estructura solamente cuando no se interponen los recursos judiciales contra la sentencia, sino cuando no se adelantan todas las acciones con las que contaba el demandante para evitar

La parte actora cuestionó la referencia que hizo la SIC sobre la preexistencia de investigaciones sobre el objeto de la solicitud, con el argumento de que se necesitaba más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos de un experto medio en biotecnología y la