La Agencia Nacional de Minería aclara que la facultad para iniciar y tramitar el proceso de constitución de servidumbres mineras corresponde al titular minero, no al operador, y debe ajustarse al procedimiento establecido en la Ley 1274 de 2009, que garantiza la notificación formal y la participación de propietarios, poseedores u ocupantes de los terrenos afectados. La ANM, como entidad encargada de emitir conceptos jurídicos sobre materias legales relacionadas con la minería, coordina con otras áreas para acompañar institucionalmente estos procesos, pero el trámite y los acuerdos o decisiones judiciales deben respetar los derechos legales vigentes y registrarse oficialmente. Las servidumbres mineras son legales y forzosas, surgidas del título minero vigente, y se establecen para facilitar la explotación eficiente de los recursos, con indemnización proporcional por ocupación parcial y limitaciones que excluyen factores económicos del operador.

La Resolución No. 00855 de 2025 del MADS declara una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables temporal en municipios del Suroeste Antioqueño, afectando la minería. Los titulares de contratos mineros vigentes pueden continuar actividades de exploración y explotación, ya que la resolución no afecta derechos consolidados. Sin embargo, no se otorgarán nuevas concesiones ni permisos ambientales para minería en el área hasta que se realicen estudios técnicos para la conservación. La diferencia con una zona excluible de minería según el Código de Minas radica en los efectos de esta reserva temporal, que limita temporalmente la minería pero no prohíbe actividades ya autorizadas. Las propuestas de concesión pendientes requieren certificación ambiental y la autoridad ambiental debe confirmar la viabilidad minera. La ANM señala que las consultas sobre restricciones mineras deben ser respondidas por el MADS.

La ANM precisa que la administración y disposición de terrenos baldíos corresponde exclusivamente a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), no teniendo competencia para decidir sobre derechos de uso o adjudicación de estos terrenos. El contrato de concesión minera otorga derechos sobre el subsuelo y permite imponer servidumbres necesarias, pero no sustituye títulos de propiedad ni otorgar derechos de superficie en baldíos. La imposición de servidumbres debe tramitarse con la ANT según acuerdos vigentes. La ANM solo adelanta la etapa administrativa previa a expropiaciones mineras, pero la competencia para resolver expropiaciones y adjudicaciones en baldíos es de la ANT.

El proyecto de norma establece los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de una política pública para la gestión de pasivos ambientales en Colombia, conforme a la Ley 2327 de 2023. Involucra al Departamento Nacional de Planeación, los Ministerios de Salud, Ambiente, Minas y Energía, Agricultura, Transporte, Cultura y Vivienda, y coordina con autoridades indígenas y comunidades afrocolombianas. Se realizaron cuatro audiencias territoriales para garantizar la participación ciudadana y se elaboró un diagnóstico del problema, con ejes estratégicos y plan de seguimiento. La resolución entra en vigencia tras su publicación oficial.

El dictamen de la Comunidad Andina (CAN) tiene como objetivo principal fortalecer la cooperación y asistencia mutua entre sus Países Miembros, para prevenir, investigar y combatir actividades ilícitas como la minería ilegal y el contrabando. Mediante las Decisiones, se establece el intercambio de información aduanera y la coordinación de operativos conjuntos para proteger el medio ambiente, la salud pública y los recursos naturales. Colombia participa en comités y acciones binacionales, como el Comité Andino sobre Minería Ilegal (CAMI), contribuyendo a la trazabilidad minera, control fronterizo y combate de redes criminales. Así, Colombia está involucrada en la aplicación de estas normas, operativos conjuntos y estrategias integradas para enfrentar ilícitos transfronterizos, compartiendo inteligencia y fortaleciendo regímenes nacionales y regionales contra la minería ilegal y delitos conexos.