El Gobierno estableció lineamientos para que las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional orienten sus acciones en materia de Empresas y Derechos Humanos. Este decreto, anclado en la Constitución Política y diversos tratados internacionales como los Principios Rectores de la ONU y las Directrices de la OCDE, busca robustecer el deber estatal de proteger los derechos fundamentales frente a potenciales impactos negativos derivados de la actividad empresarial. La nueva normativa exige a las entidades gubernamentales incorporar criterios de debida diligencia y enfoque basado en derechos humanos en sus políticas, contratación pública, promoción de inversión y gestión de empresas estatales, impulsando la prevención, investigación, sanción y reparación de abusos. Con miras a superar esfuerzos fragmentados, el decreto promueve una coordinación interinstitucional coherente y participativa, reafirmando el compromiso del país con el acceso a la justicia y la sostenibilidad en el desarrollo empresarial. Este marco responde a recomendaciones internacionales y jurisprudencia que subraya la obligación estatal de regular y supervisar la actividad privada.