La Autoridad Minera aclaró su postura respecto a la abstención en la liquidación y recaudo de cánones superficiarios en contratos de concesión minera. La entidad precisa que, cuando se autoriza la suspensión de obligaciones contractuales por fuerza mayor o caso fortuito, esto incluye temporalmente las responsabilidades económicas cuya causación depende de la ejecución ordinaria del contrato. Este criterio, respaldado por conceptos jurídicos previos, subraya que la suspensión abarca la mayoría de las obligaciones, manteniendo solo aquellas de imperativo legal, como la póliza minero ambiental. La ANM enfatiza que este concepto es una orientación general, no vinculante para casos específicos.

El Gobierno publicó un proyecto para regular las actividades marítimas relacionadas con la producción de hidrocarburos en las costas colombianas, con el propósito de fortalecer la gestión estratégica de los recursos naturales no renovables en los espacios marítimos del país. La iniciativa otorga a la Dirección General Marítima facultades para autorizar y supervisar estas actividades y su infraestructura, así como para verificar el cumplimiento de estándares de seguridad operacional y ambiental mediante la aplicación de las mejores tecnologías disponibles. La propuesta responde a la importancia de diversificar el abastecimiento energético nacional, fortalecer el control estatal sobre este sector y promover su desarrollo sostenible, a partir de la experiencia acumulada en actividades de exploración marina.

El Ministerio de Agricultura publicó un proyecto para anular las declaratorias de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el sur de La Guajira, vigentes desde 2024 y 2025. Estas zonas, creadas para resguardar la producción alimentaria en una de las regiones con mayor inseguridad del país, serían derogadas tras una revisión que encontró deficiencias estructurales. La evaluación concluyó que las delimitaciones carecen de soporte técnico verificable, presentan información desactualizada, dificultades en la zonificación de usos y falta de coordinación con actores clave y factores hídricos. El Ministerio argumenta que las actuales APPA no cumplen con los estándares de idoneidad y proporcionalidad necesarios para garantizar efectivamente el derecho humano a la alimentación. La medida busca asegurar que los instrumentos de protección respondan con certeza a la realidad territorial y productiva.

La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) analizó el proyecto que busca establecer una política integral de gestión y reducción de pérdidas de agua, fomentar su uso eficiente y fortalecer la gobernanza hídrica. La SDA considera que la iniciativa es jurídicamente viable, pero insiste en la necesidad de ajustar su redacción. Se recomienda alinear las propuestas con la reglamentación nacional de servicios públicos y definir claramente las funciones de las entidades distritales, dado que ciertas responsabilidades planteadas para la Secretaría, como el manejo de información operativa de pérdidas, no corresponden a su rol de autoridad ambiental. Además, se solicita un análisis sobre el impacto fiscal de las medidas, especialmente los incentivos tributarios propuestos.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad aclaró aspectos sobre la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos en edificios bajo el régimen de propiedad horizontal, incluyendo aquellos construidos antes de la normativa reciente que promueve su uso. La entidad subraya que estas instalaciones no son simples reparaciones privadas, dado que impactan la infraestructura eléctrica común del edificio, incluso cuando se ubican en parqueaderos individuales. Por ello, se requiere la aprobación previa de la asamblea de copropietarios, así como estudios técnicos certificados por profesionales y el aval de la aseguradora. El objetivo es salvaguardar la seguridad, estabilidad y el interés común, equilibrando el derecho individual del propietario con la protección colectiva y la normativa vigente.