La CRA hizo precisiones sobre el marco regulatorio del incentivo por regionalización en la disposición final de residuos sólidos. Este incentivo, vigente desde el 25 de julio de 2007, se define como un componente tarifario, no un impuesto, destinado a reconocer los costos adicionales por el uso de rellenos sanitarios regionales. Su mecanismo de inclusión y cálculo ha sido reglamentado por diversas normativas, incluyendo la Resolución CRA 429 de 2007 y el Decreto 920 de 2013. La CRA enfatiza que el prestador de recolección y transporte es el responsable de facturar este costo a los usuarios, mientras que la obligación directa de pago al municipio anfitrión del relleno sanitario recae en el prestador de la actividad de disposición final.
La Secretaría Distrital de Planeación ha emitido un concepto clave sobre los antejardines en inmuebles, incluso aquellos en comunidad hereditaria. Aunque son propiedad privada, se consideran parte constitutiva del espacio público y están sujetos a la normativa urbanística y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Cambiar su uso, por ejemplo, a garaje, requiere obligatoriamente una licencia de construcción en modalidad de adecuación, siempre que el nuevo uso esté permitido. No se autorizan para almacenaje, construcciones fijas o móviles que obstaculicen el tránsito. La venta o arrendamiento, si bien son actos privados, no eximen del cumplimiento urbanístico. El aprovechamiento económico temporal, como para servicios gastronómicos, es posible en ciertas áreas, pero exige autorización del IDU y no puede implicar cerramientos ni obstrucciones. La entidad no se pronuncia sobre actos jurídicos privados (englobes, desenglobes o coeficientes de propiedad horizontal). Usar un antejardín en contravención del POT, sin licencia o para un fin no autorizado, es una infracción urbanística que conlleva multas, demolición o suspensión de actividades, imponibles por los Inspectores de Convivencia y Paz.
El Ministerio de Vivienda publicó una Guía para orientar la construcción sostenible, fortaleciendo el marco normativo e introduciendo potentes incentivos. Este documento busca impulsar edificaciones más eficientes en el uso de agua y energía, con mayor responsabilidad ambiental y mejor desempeño territorial. Entre los beneficios destacados se incluyen deducciones tributarias de hasta el 50% en el impuesto de renta para inversiones en eficiencia energética, exclusión del IVA (19%), depreciación acelerada de activos hasta del 33.3% anual y exención arancelaria para equipos. Las entidades financieras también se suman, ofreciendo tasas preferenciales (desde 6.5%) y líneas de crédito específicas, junto con la promoción de bonos verdes y crowdfunding. Además, se implementan incentivos administrativos como la reducción de trámites, programas de capacitación y descuentos en seguros de cumplimiento. La iniciativa invita a todos los actores a articular esfuerzos para posicionar a Colombia como referente en construcción sostenible en América Latina.
El Ministerio de Ambiente precisó que la excepción en el cobro de la Tasa por Utilización de Agua (TUA) es de carácter restrictivo y solo aplica en los casos expresamente previstos en la normativa vigente. La entidad reiteró que esta tasa tiene naturaleza tributaria y constituye una contraprestación por el uso del recurso hídrico, por lo que su exoneración no es general ni automática. Asimismo, aclaró que las autoridades ambientales deben verificar.
El Gobierno nacional expidió un Decreto que excluye del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) a los combustibles líquidos derivados del petróleo utilizados como insumo para producir otros energéticos, incluidos los destinados a quemadores industriales. La medida busca garantizar que los subsidios del fondo se dirijan exclusivamente a los consumidores finales y no a procesos productivos intermedios. Según el Ejecutivo, el uso de diésel en actividades industriales creció de forma significativa, pasando de 806.000 galones mensuales en 2023 a más de 8,2 millones en 2024, lo que incrementó la presión fiscal sobre el FEPC y motivó el ajuste regulatorio. Descargar texto/comunicado de prensa