La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aclaró su rol sancionatorio y el procedimiento aplicable a las empresas vigiladas. Enfatiza que la entidad puede vigilar y castigar incumplimientos de la normativa que afecta a los usuarios, garantizando siempre el debido proceso. Las direcciones territoriales tienen funciones específicas de supervisión y atención al usuario, pero la imposición de sanciones es una facultad de niveles superiores. Además, las multas sucesivas, como medida coercitiva ante la rebeldía de una empresa, solo proceden cuando la obligación incumplida no es de carácter dinerario, usando para estas últimas el cobro coactivo.

El Ministerio de Ambiente explicó la aplicación de la tasa retributiva para comunidades que carecen de conexión a la red de alcantarillado, a pesar de recibir servicio de agua potable. Se establece que solo pagan la tasa quienes realizan vertimientos puntuales directos o indirectos a cuerpos de agua. Quienes descargan aguas residuales exclusivamente al suelo a través de pozos sépticos no generan la obligación tributaria, aunque deben cumplir con permisos específicos para vertimientos al suelo. La autoridad ambiental puede estimar la carga contaminante solo cuando el vertimiento a un cuerpo hídrico es un hecho cierto, desestimando la posibilidad de cobrar a empresas de servicios públicos por usuarios no conectados, pues la falta de cobertura no es el hecho generador del tributo. Los municipios, a través de sus prestadores, sí son responsables de implementar planes de saneamiento, exponiéndose a sanciones ambientales por incumplimiento.

Ante una consulta sobre la proporcionalidad en el cobro de rubros fijos por zonas verdes en áreas urbanas sin vegetación en Pasto, la CRA aclaró que el Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor (CLUS) es una actividad colectiva. Este componente tarifario, que incluye servicios como corte de césped y poda de árboles en vías públicas, beneficia a todos los habitantes al contribuir a un ambiente sano. Por tanto, sus costos se distribuyen de manera proporcional entre todos los usuarios del servicio de aseo, integrándose en el cargo fijo de la tarifa. La metodología actual no vincula dicho cobro a la presencia o ausencia de vegetación específica frente a cada predio, sino a la prestación integral del servicio en el espacio público urbano, bajo criterios de eficiencia y suficiencia financiera. La supervisión de su correcta aplicación corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).

La CRA respondió inquietudes ciudadanas de San Martín, Cesar, respecto a la revisión y ajuste de tarifas del servicio de aseo, especialmente para pequeños comerciantes. La entidad precisó que su rol se centra en establecer la regulación tarifaria general, no en validar facturas individuales, ordenar reliquidaciones o devoluciones, competencias que recaen en las empresas prestadoras y la Superintendencia de Servicios Públicos. No obstante, la CRA detalló los mecanismos que explican las variaciones tarifarias, como los cambios en costos operativos e índices económicos. Además, destacó la normativa que permite clasificar a ciertos pequeños negocios como usuarios residenciales para efectos tarifarios, buscando un trato equitativo para quienes generan pocos residuos, y manifestó su disposición a participar en espacios para orientar sobre el marco regulatorio vigente.

La CRA precisó que no tiene competencia para certificar los valores contenidos en una factura individual ni verificar aritméticamente su correcta aplicación tarifaria, función que corresponde a la SSPD. Asimismo, señaló que tampoco puede verificar discrepancias entre la información entregada al usuario y la reportada a la DIAN mediante factura electrónica, pues la consistencia de los datos tributarios está sujeta a las normas y competencias de esa entidad. En consecuencia, estas verificaciones deben solicitarse ante las autoridades competentes.