La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios precisó aspectos relacionados con el trámite de los recursos de reposición y apelación y la determinación del consumo facturable. La entidad recordó que, frente a decisiones de los prestadores sobre negativa, suspensión, terminación, corte o facturación del servicio, los usuarios pueden interponer los recursos previstos en la Ley 142 de 1994, conforme a los requisitos del artículo 77 del CPACA, entre ellos presentarlos oportunamente y expresar concretamente los motivos de inconformidad. Asimismo, señaló que la medición real del consumo debe prevalecer y efectuarse mediante instrumentos de medida en correcto funcionamiento; cuando ello no sea posible, pueden aplicarse mecanismos alternativos de determinación o estimación del consumo. Finalmente, advirtió que la falta de respuesta de fondo a peticiones o recursos dentro de 15 días hábiles puede generar silencio administrativo positivo.

La CRA detalló su función en el establecimiento de una nueva metodología tarifaria vinculante para los servicios de acueducto y alcantarillado, dirigida a prestadores con más de 5.000 suscriptores. La entidad, responsable de fijar criterios para garantizar la eficiencia y sostenibilidad financiera del servicio, provee constante apoyo a los operadores mediante talleres y guías para su correcta implementación. Sin embargo, aclara que sus respuestas son orientaciones generales y que la inspección, control y vigilancia del cumplimiento de estas tarifas y las leyes regulatorias recaen exclusivamente en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), encargada de evaluar y sancionar cualquier irregularidad.

La CRA orientó a las empresas prestadoras sobre el marco de la aplicación de la nueva metodología tarifaria. Ante inquietudes sobre el impacto del incremento del salario mínimo en los costos de nómina, la entidad confirma que los prestadores podrán incorporar estos gastos adicionales en las tarifas a partir de julio de 2026, siempre que no haya duplicidad y se justifiquen detalladamente, garantizando la suficiencia financiera. Además, se precisó que la unificación de costos para empresas con múltiples áreas de prestación debe realizarse por cada componente tarifario (administración, operación, inversión e impuestos), y no permite diferenciar costos operativos particulares. Respecto a la inclusión de activos en la base de capital, la CRA reitera que los bienes aportados por entidades públicas no pueden remunerarse vía tarifa para evitar cobros duplicados a los usuarios.

La CRA explicó la normatividad aplicable al cobro del servicio de aseo en áreas rurales. La entidad subraya que las empresas prestadoras tienen la obligación de realizar y pueden cobrar por el barrido y limpieza de vías y áreas públicas, incluso en zonas rurales dispersas, bajo un régimen de libertad vigilada que les permite fijar tarifas, aunque deban informar a la Comisión y sean supervisadas. Sin embargo, aclara que otras actividades de limpieza urbana, como el lavado de calles, corte de césped o poda de árboles, están delimitadas al perímetro urbano y, por lo tanto, no pueden ser cobradas vía tarifa a los usuarios en zonas rurales, con la única excepción del mantenimiento e instalación de cestas. Este dictamen enfatiza que solo se pueden facturar servicios efectivamente prestados y previstos.

El Consejo de Estado estudió la controversia entre Emcali E.I.C.E. E.S.P. y Comercializar S.A. E.S.P., relacionada con el uso de las redes de distribución de energía eléctrica de Emcali y el pago de los cargos correspondientes. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca había declarado la existencia del contrato de acceso y prestación de redes, el incumplimiento de Comercializar por el no pago de cuatro facturas y una condena de $9.155.539.476,05. Al resolver la apelación de Comercializar, la Sala confirmó la decisión y actualizó la condena a $10.182.805.407,38. Precisó que estos contratos se rigen, por regla general, por el derecho privado y, al no estar sometidos a una solemnidad específica, son consensuales: se perfeccionan con el acuerdo de voluntades sobre sus elementos esenciales. Por ello, su existencia no depende necesariamente de un documento escrito, sino de que se acredite la oferta y su aceptación, incluso tácita. En el caso, la solicitud de conexión y las manifestaciones de Comercializar sobre el pago por el uso de las redes permitieron acreditar ese acuerdo.