El Consejo de Estado revocó parcialmente la sentencia apelada y precisó que los contratos celebrados por empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, por lo que las controversias sobre su ejecución deben resolverse conforme a las normas civiles y comerciales y no bajo las reglas de la Ley 80 de 1993. En el caso del contrato de prestación de servicios suscrito entre Servicomtrec y la Empresa de Energía de Cundinamarca, hoy ENEL Colombia, la Sala determinó que existió un error aritmético en la fijación del precio, pues la suma correcta, conforme a la intención común de las partes, era de $944.340.768, frente a los $926.772.768 inicialmente establecidos tras la modificación. No obstante, confirmó la negativa al reconocimiento de servicios adicionales, al no acreditarse su ejecución, cuantía ni circunstancias extraordinarias que justificaran su pago.

El Ministerio de Vivienda proyecta ajustar el régimen transitorio en la evaluación y viabilización de proyectos de agua potable y saneamiento básico con apoyo financiero de la Nación. Esta iniciativa busca dar claridad y un plazo adecuado a los formuladores, quienes enfrentaron desafíos por la rápida implementación de una nueva reglamentación. La propuesta permitirá que los proyectos presentados hasta el 31 de diciembre de 2027 se evalúen bajo las directrices anteriores, mientras que la nueva normativa se aplicará plenamente a partir del 1 de enero de 2028, facilitando así una adaptación progresiva para todas las partes interesadas.

La SSPD explicó cómo se debe facturar el servicio de aseo en unidades agrupadas, como condominios. Precisa que, si bien existe la opción para que los multiusuarios paguen según su producción real de residuos mediante aforos, esta modalidad no reemplaza la facturación individual de cada unidad. Asimismo, se subraya que el descuento por recolección sin servicio puerta a puerta, del diez por ciento en el componente de recolección y transporte, solo aplica cuando el prestador determine una imposibilidad operativa comprobada, no siendo un derecho automático para los multiusuarios. Cualquier controversia sobre cobros o descuentos debe canalizarse a través del proceso de peticiones y recursos ante la empresa y, en segunda instancia, ante la Superintendencia.

La CRA abordó orientaciones dirigidas a grandes prestadores, con el propósito de promover la eficiencia económica y garantizar la calidad del servicio. En este marco, enfatizó la necesidad de clasificar de manera estricta y detallada los costos asociados al tratamiento de aguas residuales, diferenciando entre gastos comparables y particulares. Asimismo, precisó que los costos de comercialización, como la toma de lecturas y la entrega de facturas, deben incluirse en los rubros administrativos. Respecto de los arrendamientos bajo las nuevas normas contables, su valor será reconocido en el cálculo tarifario, ya sea como gasto directo o mediante la depreciación del activo. Finalmente, recordó a los prestadores la obligación de sustentar internamente la diferenciación entre usuarios urbanos y rurales, pese a las actuales limitaciones de los sistemas de reporte, para garantizar la correcta aplicación de la metodología.

La CRA precisó aspectos sobre la gestión tarifaria. La entidad aclaró que no certifica el Costo Unitario histórico, cuya determinación recae en los prestadores de servicios públicos bajo metodologías regulatorias y su reporte a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Respecto a los subsidios y contribuciones, se enfatizó que estos factores son aprobados por los concejos municipales y se aplican como porcentajes sobre el costo de referencia, sin alterar la fórmula tarifaria base. La CRA subrayó que la regulación no contempla que un prestador o ente territorial modifique dicho costo de referencia para compensar variaciones de subsidios. Finalmente, la función de vigilancia y control sobre la correcta aplicación de tarifas y subsidios es exclusiva de la SSPD.