La CRA absolvió inquietudes sobre la legalidad de que una empresa de servicios públicos reporte costos base, previos a subsidios, distintos entre estratos socioeconómicos en una misma área. Si bien la normativa vigente no contempla tales variaciones en el costo de referencia, indicando una posible aplicación irregular, la Comisión aclara que no tiene competencia para verificar cifras específicas ni determinar si hay un cálculo indebido de componentes tarifarios. Esta función recae en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a quien ya se ha remitido la información para la verificación técnica pertinente, reiterando además que los conceptos emitidos son orientativos y no vinculantes para situaciones particulares.

La CRA explicó cómo los activos de infraestructura financiados con fondos públicos deben ser tratados en las tarifas de servicios domiciliarios. La autoridad subraya que, por regla general, el valor de obras sufragadas con recursos estatales y entregadas bajo ciertas condiciones no debe impactar el Costo Medio de Inversión, evitando así que los usuarios paguen dos veces. Sin embargo, si estos activos son incorporados al patrimonio de la empresa mediante una venta o capitalización -donde el Estado actúa como inversionista y recibe una contraprestación patrimonial-, sí pueden ser reconocidos y remunerados.

Colombia Compra Eficiente precisó que, actualmente, no existen documentos tipo para las modalidades de mínima y menor cuantía en los sectores de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, ni en infraestructura social. No obstante, la Agencia avanza en su elaboración. Específicamente, para proyectos de infraestructura social en áreas como educación, salud, cultura, recreación, deporte, institucional y vivienda, se proyecta la implementación de estos documentos tipo a partir del 16 de febrero de 2026. Para el sector de agua potable y saneamiento básico en estas mismas modalidades, la entidad está desarrollando los documentos, pero aún no dispone de un cronograma definido para su adopción, indicando un proceso en curso sin fechas específicas de entrada en vigor.

El Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que declaró probada la caducidad de la reparación directa promovida por los propietarios de un predio contra el Municipio de Barrancabermeja y Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. Los demandantes reclamaban indemnización por los daños derivados de la ocupación permanente de una franja del inmueble para construir y operar la planta de tratamiento del acueducto de La Fortuna. La Sala precisó que, tratándose de una ocupación permanente originada en una obra pública con vocación de permanencia, el término de caducidad comienza, por regla general, al día siguiente de la terminación de la obra, pues desde entonces se consolida el hecho dañoso. En el caso, la demanda fue presentada dos años después de finalizada la construcción, sin que se acreditara una imposibilidad para conocer su terminación. La posterior entrega del inmueble no modificó ese momento, pues la infraestructura permaneció instalada y continuó limitando el uso y goce del predio.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios precisó aspectos relacionados con el trámite de los recursos de reposición y apelación y la determinación del consumo facturable. La entidad recordó que, frente a decisiones de los prestadores sobre negativa, suspensión, terminación, corte o facturación del servicio, los usuarios pueden interponer los recursos previstos en la Ley 142 de 1994, conforme a los requisitos del artículo 77 del CPACA, entre ellos presentarlos oportunamente y expresar concretamente los motivos de inconformidad. Asimismo, señaló que la medición real del consumo debe prevalecer y efectuarse mediante instrumentos de medida en correcto funcionamiento; cuando ello no sea posible, pueden aplicarse mecanismos alternativos de determinación o estimación del consumo. Finalmente, advirtió que la falta de respuesta de fondo a peticiones o recursos dentro de 15 días hábiles puede generar silencio administrativo positivo.