La CRA precisó la definición de las expresiones "tarifa de referencia" y "precio" de las facturas. La entidad puntualizó que, si bien su normativa tarifaria no define explícitamente dichos términos, tampoco prohíbe su uso mientras no sustituyan los componentes obligatorios de la fórmula. La CRA enfatizó que carece de competencia para impartir órdenes administrativas individuales sobre el diseño de facturas, función que corresponde a otra superintendencia. Asimismo, rechazó el plazo perentorio de 48 horas invocado por el peticionario, al considerar que este aplica únicamente en situaciones de riesgo inminente para la vida o seguridad personal, lo cual no se configura en una discusión sobre terminología comercial.

El Ministerio de Ambiente emitió un concepto jurídico sobre la Tasa por Utilización del Agua (TUA), en el que precisó su marco normativo y ámbito de aplicación. La entidad señaló que, para calcular el Factor Regional, los costos totales anuales del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA) deben incluirse en la variable CPMC, sin importar la fuente de financiación, siempre que las inversiones correspondan al objeto del POMCA y a la destinación legal de los recursos de la TUA, relacionada con la protección, recuperación y monitoreo del recurso hídrico. Asimismo, aclaró que las obras de saneamiento básico financiadas mediante la Tasa Retributiva solo pueden incluirse en el CPMC cuando estén expresamente contempladas en el POMCA. Finalmente, reiteró la importancia de verificar la ejecución presupuestal correspondiente al año anterior.

El Consejo de Estado delimitó el alcance del control judicial sobre las respuestas de las empresas de servicios públicos en controversias relacionadas con servidumbres. La Sección Primera concluyó que la respuesta de CEDENAR E.S.P. a un derecho de petición no constituye un acto administrativo susceptible de control, pues no creó, modificó ni extinguió una situación jurídica, sino que se limitó a reiterar su posición sobre la existencia de una servidumbre. Por ello, declaró probada la excepción de acto no sujeto a control judicial. La Corporación precisó además que la determinación de la existencia y alcance de derechos reales sobre el predio corresponde a la jurisdicción ordinaria, no a la contencioso-administrativa, y que una empresa de servicios públicos no puede constituir unilateralmente una servidumbre mediante una simple respuesta.

La SSPD absolvió preguntas sobre el régimen aplicable a la toma de posesión de prestadores de servicios públicos, así como la naturaleza jurídica de los agentes especiales y liquidadores designados. La entidad subraya que estas empresas están excluidas de las leyes generales de insolvencia, rigiéndose por normativas específicas que priorizan la continuidad y calidad del servicio. La toma de posesión puede tener fines de administración para superar problemas o de liquidación si estos persisten. Los agentes y liquidadores ejercen funciones públicas transitorias, pero no son empleados públicos, actuando bajo su propia responsabilidad para salvaguardar el servicio y el patrimonio.

La CRA hizo precisiones sobre procedimientos administrativos. Señaló que el traslado de una petición a la autoridad competente constituye un acto de trámite y no un acto administrativo susceptible de revocatoria directa, al no contener una decisión de fondo. Asimismo, aclaró que las facultades que le confieren los numerales 73.16 y 73.26 de la Ley 142 de 1994 están orientadas a promover la competencia y garantizar la transparencia contractual, y no a expedir certificaciones tarifarias individuales, función que corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Finalmente, indicó que no existe un término perentorio de 48 horas para resolver las solicitudes de revocatoria y que su pronunciamiento constituye una respuesta de fondo dentro del ámbito de sus competencias, sin perjuicio de las acciones legales o disciplinarias que el interesado considere procedentes.