La CRA aclaró aspectos relacionados con la implementación de la Resolución CRA 1032 de 2026, cuyo nuevo marco tarifario comenzó a aplicarse el 1 de julio de 2026. En particular, precisó las orientaciones disponibles para los prestadores y señaló que la metodología tarifaria debe aplicarse conforme a las reglas establecidas, sin que sea posible implementarla de manera gradual durante el periodo de inicio. En este contexto, la Comisión informó que expidió la Circular 1 del 22 de mayo de 2026, con precisiones interpretativas y orientaciones generales, y que publicó una Guía de aplicación con instrucciones prácticas y aclaraciones metodológicas para facilitar la implementación del nuevo marco tarifario.

La SSPD precisó que la negación del servicio de alcantarillado a usuarios industriales no puede basarse únicamente en su tipo, sino en razones técnicas, jurídicas o económicas objetivas. Si bien la caracterización de vertimientos es una obligación legal para usuarios comerciales, industriales, oficiales y especiales, cuyo incumplimiento es una falta contractual, la suspensión del servicio, vital para la salubridad pública, es una medida excepcional. Solo procede si los vertimientos generan riesgos graves para la salud, derechos fundamentales o la infraestructura del sistema, siempre bajo el debido proceso. En estos casos, el prestador debe informar a la autoridad ambiental. El alcance de una eventual suspensión, total o parcial (si no hay redes separadas), es una determinación técnica que debe realizar el prestador según la configuración interna del usuario.

El Gobierno reglamentó la Ley 1506 de 2012 en lo relacionado con el subsidio excepcional y estableció medidas para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo ante situaciones de desastre. El subsidio, financiado con recursos de la Nación, será adicional, temporal y complementario al subsidio ordinario y podrá aplicarse a usuarios residenciales de los estratos subsidiables que hayan sido afectados o damnificados y estén incluidos en el Registro Único de Damnificados (RUD). El Ministerio de Vivienda determinará mediante acto administrativo las zonas, porcentajes, periodo de aplicación, financiación y mecanismos de reconocimiento y giro. El beneficio podrá otorgarse hasta por seis facturas mensuales o tres bimestrales y no podrá superar la base susceptible de subsidio. El decreto también regula la atención a usuarios reubicados, la excepción de facturación cuando el desastre imposibilite la prestación, la reparación o reconstrucción subsidiada de conexiones de acueducto y alcantarillado y medidas voluntarias de alivio de cartera. DECRETO 1493-2026 Descargar Decreto

El Consejo de Estado precisó que las propiedades horizontales, en los términos del artículo 33 de la Ley 675 de 2001, no son sujetos pasivos de la contribución de solidaridad del servicio público de energía cuando los bienes comunes son utilizados para actividades comprendidas dentro de su objeto social. Al resolver la demanda de Monterrey Gran Centro Comercial P.H. contra Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM), la Sala concluyó que la utilización de zonas comunes como parqueaderos, oficinas y ascensores hacía parte del objeto social de la copropiedad, pues su explotación económica estaba dirigida a sufragar expensas comunes necesarias, entre ellas el servicio de energía. Además, señaló que la generación de ingresos mediante algunos bienes comunes no implica, por sí sola, que la propiedad horizontal pierda su calidad de no contribuyente. Por ello, consideró que Monterrey no estaba obligada al pago de la contribución, anuló los tres oficios mediante los cuales EPM negó su no sujeción y ordenó cesar el cobro y devolver las sumas pagadas desde el 1.º de enero de 2017.

La CRA precisó que la vinculación y desvinculación de usuarios al servicio de aprovechamiento se rige primordialmente por la libre elección. El contrato de servicios públicos es consensual y no requiere solemnidades especiales, existiendo desde que el usuario solicita el servicio bajo las condiciones definidas por la empresa. Los usuarios pueden solicitar la terminación anticipada del contrato para cambiar de prestador, y la normativa prohíbe imponer trámites o requisitos adicionales a los ya previstos para este proceso. Un prestador de servicio de aseo no puede "obligar" a un usuario a permanecer vinculado, ya que la prestación se supedita a la libre elección y el conocimiento de las condiciones contractuales. Es inválido que un administrador de copropiedad elija el prestador de aprovechamiento sin la autorización expresa de la asamblea general de copropietarios. Asimismo, el reporte de usuarios por parte de organizaciones de recicladores en sus bases de datos no configura una vinculación contractual según el artículo 129 de la Ley 142 de 1994. Los requisitos para la terminación anticipada y el cambio de prestador están regulados en el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución CRA 943 de 2021, garantizando el derecho del usuario a elegir libremente sin barreras.