Ante consultas sobre la regulación del valor de los servicios públicos, la CRA precisó su rol. La entidad no fija directamente las tarifas de agua y alcantarillado, sino que establece las metodologías y fórmulas generales que deben aplicar los prestadores. El objetivo es asegurar eficiencia y calidad en la prestación del servicio. Las tarifas finales son definidas por entidades locales, basándose en estas metodologías e incorporando subsidios, mientras que los temas de energía y gas son competencia de la CREG.

El Consejo de Estado analizó la procedencia de la acción de reparación directa frente a la afectación patrimonial alegada por empresas generadoras, comercializadoras y transportadoras de energía, derivada del impago de acreencias reconocidas dentro del proceso de intervención y liquidación de EMPOCAUCASIA. Los demandantes atribuyeron el perjuicio a actuaciones y omisiones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en sus funciones de inspección, vigilancia y control. La Sala consideró que la acción era procedente, pero concluyó que no se acreditó un daño patrimonial cierto, pues el reconocimiento de las acreencias no demostraba que estas hubieran quedado definitivamente insolutas o fueran irrecuperables. En consecuencia, modificó la sentencia de primera instancia, declaró de oficio la falta de legitimación en la causa por activa de varias sociedades, declaró probada la falta de legitimación por pasiva del municipio de Caucasia y EMPOCAUCASIA y negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

La SSPD precisó su competencia ante consultas sobre el apoyo a recicladores y el uso de recursos municipales. Aunque reconoce la protección constitucional de los recicladores de oficio, instando a los municipios a promover su formalización y organización, la entidad no puede determinar el uso específico de los ingresos de libre destinación ni los fondos del Sistema General de Participaciones, cuya asignación es responsabilidad de otras instancias y está sujeta a normativas presupuestales estrictas. La SSPD enfatiza que los apoyos deben dirigirse a organizaciones formalizadas, y no a recicladores individuales, y no interviene en aspectos contractuales o laborales municipales.

La CRA aclaró la posibilidad de incorporar costos adicionales, como incrementos salariales convencionales, en las tarifas de acueducto y alcantarillado. Frente a la inquietud de un prestador sobre integrar un aumento del 24,2% para 2026 no reflejado en estados financieros previos, la CRA informó que estos gastos, derivados de nuevas disposiciones, pueden sumarse. Esto aplica si son una obligación legal, no están ya en la tarifa, impactan la suficiencia financiera de la empresa, y se encuentran debidamente soportados y sin doble contabilización. Estos costos pueden añadirse provisionalmente, expresados en valores del año base, hasta su integración en futuras actualizaciones tarifarias.

La CRA reafirma la libre competencia y la calidad en el servicio público de aseo, específicamente en la actividad de aprovechamiento. La normativa no exige la presencia de un reciclador de oficio en cada cuadra para garantizar el servicio, siendo responsabilidad del prestador atender a todos los usuarios dentro de su área. Se aclara que no existe prohibición para que las Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO) implementen "rutas propias" —esquemas operativos con vehículos y personal vinculado a la organización— siempre que cumplan con los estándares técnicos, operativos y de calidad. Las ORO, reconocidas como sujetos de especial protección, gozan de un régimen de regularización progresivo y criterios diferenciales en su operación. En caso de modificar sus esquemas, los prestadores deben actualizar sus documentos operativos para asegurar la coherencia y eficiencia del servicio, garantizando la continuidad y calidad.