El Ministerio de Ambiente expuso la normativa aplicable a los permisos de vertimiento de aguas residuales domésticas al suelo. Aclara que, si bien existen requisitos definidos, las Corporaciones Autónomas Regionales pueden solicitar información adicional necesaria para la evaluación. La decisión de otorgar o negar un permiso no se basa únicamente en el concepto técnico, sino en un análisis integral de toda la información disponible, debiendo siempre estar motivada. Además, la normativa permite exigir un Plan de Cumplimiento cuando un permiso no es viable, ofreciendo una alternativa a la negación absoluta. La fuente de abastecimiento de agua no es un criterio legal para el permiso, pero se debe verificar la inexistencia de otras alternativas de vertimiento o conexión a alcantarillado.

El Ministerio de Ambiente aclaró la regulación de los permisos para obras en cauces de agua. La entidad enfatiza que, de acuerdo con la ley, estos permisos tienen una duración máxima de diez años, no pudiendo extenderse por la vida útil de la infraestructura. La autoridad ambiental puede prorrogar permisos de menor duración, siempre dentro de este tope. Asimismo, se precisa que la autorización se otorga exclusivamente para el proceso de construcción de las obras, y no para su ocupación permanente una vez finalizadas. El procedimiento requiere dos aprobaciones secuenciales dentro de un solo permiso: una de planos antes de iniciar la obra, y otra de la obra ya terminada antes de su puesta en uso.

La CRA explicó aspectos sobre la remuneración del tratamiento de residuos sólidos en Bogotá. Actualmente, las reglas vigentes permiten opciones a la disposición final, pero sin remunerar el tratamiento como una actividad de forma independiente, estableciendo un costo máximo a trasladar. Sin embargo, un nuevo marco tarifario, próximo a ser aplicado, transformará esta situación. Este nuevo esquema reconocerá explícitamente el tratamiento de residuos como una actividad separada del servicio de aseo, definiendo fórmulas para compensar sus costos eficientes. Esta medida busca incentivar la implementación de tecnologías avanzadas para el tratamiento de residuos urbanos, disminuir la cantidad de desechos que llegan a los rellenos sanitarios y, en consecuencia, extender su vida útil, promoviendo una gestión más sostenible.

El Gobierno emitió directrices ante la expectativa de un fenómeno El Niño de intensidad histórica, que se prevé impactará con fuerza a Colombia hasta principios de 2027. Las proyecciones de centros internacionales confirman temperaturas oceánicas elevadas y la probabilidad de un evento muy fuerte, incluso superando registros desde 1950. Esta situación pone bajo considerable presión hídrica a los sistemas de suministro del país, con alertas de precipitaciones por debajo del promedio histórico en varias regiones, especialmente Andina y Caribe. El sector de agua y saneamiento básico enfrenta riesgos de desabastecimiento, afectación en la calidad del agua, daños en infraestructura por incendios forestales e impactos en la salud pública. Por ello, se insta a municipios, departamentos y prestadores de servicios a intensificar la preparación, identificando fuentes alternativas, optimizando el uso del recurso, fortaleciendo la capacidad operativa y activando mecanismos de seguimiento y alerta temprana para garantizar la continuidad del suministro. Se enfatiza la articulación de estas acciones con los planes de gestión del riesgo existentes y la coordinación interinstitucional para atender posibles emergencias.

La CRA precisó cómo las empresas de aseo deben aplicar el cálculo del promedio de kilómetros de barrido cuando los municipios actualizan sus Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Esta aclaración busca que las tarifas reflejen de manera precisa las nuevas condiciones de prestación del servicio. Los prestadores deben ajustar la longitud de vías y áreas barridas tan pronto el PGIRS se modifique, iniciando el cálculo del promedio mensual con la información actualizada desde el primer periodo de facturación siguiente al cambio. Este proceso asegura una adaptación ágil de los costos, armonizando la regulación tarifaria con las directrices territoriales y manteniendo la transparencia para los usuarios.