La CRA precisó aspectos frente la reciente metodología tarifaria del servicio de aseo, especialmente en la disposición final de residuos. Ante inquietudes sobre si el cobro por captura y tratamiento de biogás aplica solo a celdas operativas, la entidad ha precisado que el reconocimiento no se limita a estas. Incluye también celdas cerradas o en posclausura que continúen generando biogás y requieran manejo ambiental, distinguiendo entre cierres parciales, cubiertos por costos de operación, y el cierre definitivo del relleno, que cuenta con provisiones tarifarias específicas.

La CRA hizo claridades sobre la construcción inicial de tarifas para empresas que comienzan a prestar el servicio público de aseo sin información histórica. Para calcular los costos, los nuevos operadores deben elaborar promedios con la información que generen progresivamente desde el inicio de su operación, aunque los periodos sean menores a un semestre, pudiendo usar proyecciones estimadas al principio. Es crucial que las variables individuales, como toneladas recolectadas o número de suscriptores, se basen exclusivamente en la propia operación del nuevo prestador. No obstante, para componentes de tarifa colectiva municipal como el barrido y la limpieza, y la limpieza urbana, es admisible y necesario utilizar información agregada de todos los prestadores del municipio, siempre que esté oficialmente reportada. La metodología aplica las mismas fórmulas y parámetros de eficiencia para todos, buscando reflejar la realidad operativa y administrativa de cada empresa.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) precisó el alcance de la Circular CRA 1 de 2026, mediante la cual se establecen orientaciones técnicas e interpretativas para la aplicación de la metodología tarifaria de los servicios de acueducto y alcantarillado adoptada mediante la Resolución CRA 1032 de 2026. Esta última establece el nuevo marco tarifario de cuarta etapa, incluyendo reglas para el cálculo de costos de prestación, inversiones, componentes tarifarios y tratamiento de contratos de suministro e interconexión. La CRA señaló que la Circular desarrolla criterios para facilitar la implementación de estas disposiciones, entre ellos el manejo de costos, información tarifaria, inversiones ambientales y gestión del riesgo, sin modificar fórmulas, crear obligaciones sustantivas ni alterar el universo de costos reconocibles.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) precisó que la revisión de la facturación y de los cobros efectuados por los prestadores corresponde, en principio, a los suscriptores, quienes pueden presentar peticiones, quejas y recursos ante las empresas y, de manera subsidiaria, acudir ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), conforme a la Ley 142 de 1994. La CRA aclaró que la SSPD es la entidad competente para ejercer inspección, vigilancia y control sobre los prestadores. Asimismo, señaló que sus pronunciamientos abordaron de manera general asuntos relacionados con la aplicación de subsidios, la verificación de los componentes de las facturas, las correcciones correspondientes y los efectos sobre los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos.

La CRA precisa que su competencia no abarca certificar, prohibir u ordenar la modificación de la denominación comercial o descriptiva que un prestador utilice en la factura, como "Tarifa Referencia" o "Precio". Aunque la regulación define la metodología y los componentes del costo, no prescribe la terminología exacta a imprimir en los recibos. Las funciones de la CRA son regulatorias y normativas, sin inspección, vigilancia o control sobre la aplicación concreta de tarifas o el contenido específico de las facturas. Consecuentemente, no está facultada para ordenar a un prestador la modificación de su facturación ni investigar irregularidades en cobros individuales; esta labor es exclusiva de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Los costos de referencia calculados son la base para que los prestadores estimen los cargos fijos y por consumo, diferenciados por tipo de usuario y con aplicación de subsidios o aportes solidarios.