El Consejo de Estado revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que rechazó la demanda del Consorcio Colectores Z1 contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP) por presunta caducidad en un proceso de controversias contractuales. La Sala determinó que no existían elementos probatorios suficientes para confirmar la fecha de terminación del contrato y, por ende, el inicio del cómputo de la caducidad, ya que los documentos contractuales clave no estaban disponibles. Ante esta incertidumbre, y aplicando los principios pro actione y pro damato, el Consejo ordenó al tribunal de origen estudiar la admisión de la demanda, sin perjuicio de una posible declaración de caducidad en etapas posteriores si se aportan las pruebas necesarias.

El Ministerio de Vivienda publicó un proyecto para asegurar la continuidad del servicio público de aseo en Colombia ante futuras declaratorias de emergencia económica, social y ecológica. Dada la vulnerabilidad de la infraestructura y la operatividad de este servicio fundamental en situaciones de crisis, que pueden generar interrupciones graves, la iniciativa busca establecer un marco regulatorio flexible. Este permitiría a los prestadores modificar temporalmente frecuencias y horarios de recolección, utilizar vehículos alternativos y facilitar la gestión de residuos de construcción y demolición, así como el acceso a incentivos para la recuperación de infraestructura. El objetivo es salvaguardar la salud pública y el ambiente, garantizando que los ciudadanos continúen recibiendo un servicio de aseo eficiente, incluso bajo condiciones excepcionales que afecten el normal funcionamiento del país.

 El Municipio de Yumbo propuso integrar el servicio de alcantarillado, extendiéndolo del área urbana a un sector suburbano empresarial, mediante una figura que denominó "consolidación intramunicipal" y la modificación de un contrato de aporte de activos. Sin embargo, la CRA precisó que el concepto de "consolidación intramunicipal" no existe en el marco legal ni regulatorio colombiano para los servicios públicos. Aunque la expansión del servicio es viable, debe realizarse mediante los mecanismos ya establecidos para la definición y actualización de las Áreas de Prestación del Servicio, que el operador debe delimitar y reportar. Adicionalmente, la modificación del contrato de aporte de bienes, aunque facilitaría la infraestructura, no valida por sí misma la integración de dichas áreas.

La CRA aclaró que no tiene competencia para establecer la titularidad del catastro de usuarios de un prestador de servicios públicos, ni en el contexto de la revisión de contratos de condiciones uniformes ni en los estudios tarifarios. La entidad enfatiza que sus facultades se circunscriben al análisis técnico y jurídico del clausulado de los contratos y a verificar la correcta aplicación de la metodología tarifaria en los estudios de costos. Durante estos procesos, la CRA no accede a la información del catastro de usuarios ni posee la autoridad para definir su propiedad. Cualquier disputa relacionada con la titularidad o el uso de dicha información comercial debe ser resuelta por las autoridades competentes en inspección, vigilancia, control o administración de justicia, no por la Comisión. Aunque los prestadores están obligados a mantener actualizado el catastro, la regulación vigente no confiere a la CRA la facultad de pronunciarse sobre su régimen de propiedad.

La CRA respondió varias inquietudes a una comunidad rural que buscaba fijar una "matrícula" de conexión al servicio de acueducto en diez millones de pesos, con el fin de desincentivar el crecimiento habitacional. La CRA precisó que estos cargos deben reflejar exclusivamente los costos reales y eficientes de conexión, respaldados por estudios técnicos, y no pueden utilizarse como herramienta de control urbanístico o demográfico. Tal práctica desnaturaliza el instrumento tarifario, vulnera los principios de eficiencia y suficiencia financiera, excede las competencias del prestador y compromete el derecho fundamental al agua, aunque no exista un tope en pesos para pequeños gestores comunitarios, estos deben ajustarse a la legalidad y la supervisión de la Superintendencia de Servicios Públicos.