La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) precisó que la revisión de la facturación y de los cobros efectuados por los prestadores corresponde, en principio, a los suscriptores, quienes pueden presentar peticiones, quejas y recursos ante las empresas y, de manera subsidiaria, acudir ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), conforme a la Ley 142 de 1994. La CRA aclaró que la SSPD es la entidad competente para ejercer inspección, vigilancia y control sobre los prestadores. Asimismo, señaló que sus pronunciamientos abordaron de manera general asuntos relacionados con la aplicación de subsidios, la verificación de los componentes de las facturas, las correcciones correspondientes y los efectos sobre los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos.

La CRA precisa que su competencia no abarca certificar, prohibir u ordenar la modificación de la denominación comercial o descriptiva que un prestador utilice en la factura, como "Tarifa Referencia" o "Precio". Aunque la regulación define la metodología y los componentes del costo, no prescribe la terminología exacta a imprimir en los recibos. Las funciones de la CRA son regulatorias y normativas, sin inspección, vigilancia o control sobre la aplicación concreta de tarifas o el contenido específico de las facturas. Consecuentemente, no está facultada para ordenar a un prestador la modificación de su facturación ni investigar irregularidades en cobros individuales; esta labor es exclusiva de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Los costos de referencia calculados son la base para que los prestadores estimen los cargos fijos y por consumo, diferenciados por tipo de usuario y con aplicación de subsidios o aportes solidarios.

La CRA precisó que un contrato de operación para servicios de acueducto y alcantarillado, que inicialmente se sujetó a una metodología tarifaria de 2004 y 2005, debe adoptar la regulación más reciente. A pesar de lo pactado, la legislación indica que, si las partes se comprometieron a aplicar la metodología que expida la Comisión, deben acogerse a la normativa vigente. Así, tras una resolución de 2017, la empresa operadora, al cumplir con los criterios de suscriptores establecidos, debe implementar la metodología definida en la nueva regulación de 2026, lo que implica ajustar las condiciones contractuales y tarifarias.

La CRA despejó una inquietud sobre cómo las empresas de acueducto y alcantarillado reportan los costos al Sistema Único de Información (SUI) y su posible diferenciación por estrato. La entidad precisó que los componentes del costo de referencia (administración, operación, inversión y tasas ambientales) son uniformes para todos los usuarios en la misma área de servicio, sin distinción de estrato socioeconómico. Las diferencias en las tarifas finales que pagan los usuarios en la factura no surgen de estos costos, sino de la aplicación de los factores de subsidio y contribución definidos por los concejos municipales. La CRA subrayó que no administra el SUI ni tiene competencia para imponer sanciones, delegando estas funciones y la verificación de la información reportada a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La SSPD precisó las reglas de facturación del servicio público de aseo en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, particularmente cuando se acogen a la opción tarifaria de multiusuarios. Señaló que esta modalidad permite calcular el componente variable con base en la cantidad real de residuos generados y aforados, pero no modifica la obligación de expedir una factura individual para cada inmueble, en la que se incluya el cargo fijo y la parte proporcional de los residuos. Asimismo, aclaró que la condición de multiusuario no genera por sí sola el derecho al descuento del 10 % por recolección sin servicio puerta a puerta, pues este solo procede cuando el prestador determine una imposibilidad operativa para realizarla bajo esa modalidad. Finalmente, indicó que los cobros no autorizados pueden dar lugar a su recalculo y devolución conforme a la regulación vigente.