La SIC emitió un concepto de abogacía de la competencia sobre el proyecto de resolución de la CRA, que busca actualizar la metodología tarifaria para prestadores de acueducto y alcantarillado. Este proyecto se dirige a operadores con hasta 5.000 suscriptores en zonas urbanas, a todos los prestadores en áreas rurales, y a los gestores comunitarios (GC), buscando superar las limitaciones de la metodología actual, la heterogeneidad del sector y los rezagos en la calidad del servicio. La SIC avaló el trato regulatorio diferenciado, proponiendo "libertad regulada" para los pequeños prestadores ordinarios y "libertad vigilada" para los GC, reconociendo que estos últimos operan bajo esquemas de autogestión y control social, con capacidades técnicas y administrativas distintas. Se concluyó que esta flexibilidad es razonable y proporcional para adaptar la regulación a sus condiciones, sin eximirlos de estándares y deberes de información.

La CRA precisó que su Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado (Resolución CRA 1032 de 2026) no fija ni autoriza aumentos de tarifas en el país. En su lugar, la CRA establece una metodología para que cada empresa prestadora calcule sus costos económicos de referencia de manera justa, basándose en sus propias características operativas, niveles de eficiencia, inversiones y calidad del servicio. Esto implica que las tarifas no son uniformes y cualquier modificación debe ser sustentada técnica y financieramente por el prestador, no derivando de un decreto de la CRA. La entidad subraya que su función es definir las reglas, dejando la aplicación y justificación de las tarifas a las empresas, bajo la vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El objetivo es promover tarifas que reflejen costos reales y eficientes, sin trasladar ineficiencias a los usuarios.

La SSPD emitió una Circular dirigida a prestadores de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas combustible, para garantizar la adecuada prestación de servicios ante el posible Fenómeno El Niño, según alertas del IDEAM. Los lineamientos exigen actualizar Planes de Emergencia y Contingencia (PEC), intensificar el monitoreo hidrometeorológico, asegurar la disponibilidad operativa y de recursos, y promover el uso eficiente y la gestión adecuada de residuos. El objetivo es mitigar riesgos como desabastecimiento hídrico, incendios forestales y afectaciones en infraestructura, buscando mantener la continuidad y calidad de los servicios públicos frente a los escenarios climáticos adversos.

El Ministerio de Vivienda a través de un proyecto regulatorio busa actualizar la Guía para la presentación, evaluación y aprobación de proyectos de agua potable y saneamiento básico en los departamentos, en el marco de los Planes Departamentales de Agua (PDA). Esta medida busca modernizar y armonizar el sistema regulatorio sectorial, incorporando los estándares técnicos actuales, nuevas tipologías de proyectos, requisitos de gestión del riesgo y cambio climático, y facilitando la participación de gestores comunitarios. La actualización, que deroga la Resolución 0672 de 2015, persigue una mayor coherencia con el Mecanismo Nacional de Evaluación, asegurando que los gobernadores apliquen estos contenidos mínimos de forma obligatoria para optimizar la gestión empresarial y la calidad de los servicios en sus jurisdicciones.

El Gobierno publicó un proyecto de norma para establecer indicadores mínimos obligatorios que los municipios y distritos deberán utilizar para reportar el avance anual en la implementación de sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT, EOT). Estos indicadores, que serán integrados al expediente urbano y reportados vía una plataforma ministerial, buscan generar información objetiva para el seguimiento y la evaluación de la planificación territorial. Un énfasis clave recae en los Indicadores sobre servicios públicos domiciliarios, los cuales medirán el progreso en la construcción y rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado, la atención del área urbana, la creación de infraestructura como PTAR y PTAP, la instalación de sistemas para residuos sólidos, los niveles de suficiencia de acueducto y alcantarillado, y la cobertura del suelo rural con esquemas de prestación diferencial. Este sistema busca fortalecer la gestión y el cumplimiento de las metas territoriales.