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Jueves, 28 Mayo 2026

Edición 1651 Bogotá, D.C.

ISSN 2711-1636

El sistema de finanzas abiertas obligatorio impulsa la inclusión financiera y crediticia de la población tradicionalmente excluida al facilitar el acceso a nuevas fuentes de información, permitiendo una mejor caracterización y perfilamiento crediticio. Este esquema promueve la entrada de nuevos competidores al sistema financiero, generando mayor competencia y diversidad en la oferta. Además, fomenta el desarrollo de modelos de negocio innovadores que responden a las necesidades particulares de los consumidores financieros, especialmente aquellos con acceso limitado a servicios tradicionales. Así, se crea un entorno más inclusivo, eficiente y adaptado, que contribuye a cerrar brechas de acceso y a mejorar el bienestar financiero de estos grupos.

El Informe al Congreso por parte del Banco de la República resalta que en el año 2024 la economía colombiana ha crecido en un 1,7 %, iniciando una recuperación moderada tras ajustar desequilibrios internos y externos. La inflación descendió gracias a la política monetaria restrictiva y la reducción de choques de oferta, aunque aún supera la meta del 3,0 %. La depreciación del peso colombiano fue significativa frente a monedas de reserva. El Banco acumuló reservas internacionales por cerca de USD 1.479,4 millones, fortaleciendo la liquidez externa. Para 2025, se proyecta un crecimiento del PIB del 2,6 %, con mejoras en el mercado laboral y estabilidad macroeconómica, aunque persisten riesgos en sectores clave y la demanda interna.

La Entidad precisó que cada miembro de una unión temporal adjudicataria de recursos públicos debe evaluar si está obligado a implementar el SAGRILAFT y el PTEE, aun si no cumple con los requisitos del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica, según su actividad y condiciones particulares,. En sucursales de sociedades extranjeras, la vigilancia y cumplimiento recaen sobre la casa matriz o máximo órgano social, y deben presentar informes correspondientes. Cada miembro es responsable de cumplir individualmente, no la unión temporal como tal. La Superintendencia de Sociedades regula que la vigilancia se mantenga durante procesos concursales o reestructuración. Además, se especifican sectores económicos y montos de ingresos o activos que determinan la obligación.

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En mayo de 2025, el IPC registró una variación mensual de 0,32% y una anual de 5,05%. Los mayores incrementos se dieron en alimentos (tomate, condimentos) y servicios de alojamiento, agua y electricidad. Disminuyeron precios como las naranjas y la electricidad. El indicador de cobertura fue alto, con 98,43% de registros efectivos para el cálculo del índice.

La Corte Constitucional dirimió un conflicto de competencia entre el Juzgado 039 de Pequeñas Causas y el Juzgado 031 Administrativo en Bogotá, declarando competente al primero para conocer una demanda ejecutiva presentada por FINAGRO contra Reforestadora del Sinú S.A. La decisión se basó en que el proceso ejecutivo corresponde a actividades del giro ordinario de una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera, aplicando la exclusión del artículo 105.1 del CPACA y la competencia residual civil.