La Superintendencia de Sociedades establece que las páginas web o sitios de Internet de origen colombiano que desarrollan actividades económicas comerciales, financieras o de prestación de servicios deben inscribirse en el registro mercantil. Esta obligación se fundamenta en el artículo 91 de la Ley 633 de 2000, que busca garantizar la publicidad y la seguridad jurídica en el tráfico mercantil. La inscripción permite identificar a los agentes económicos que operan en el entorno digital y facilita el control tributario por parte de la administración.

El documento explora cómo se distribuye el dinero en efectivo en la economía colombiana, señalando que la Ley 31 de 1992 regula la emisión de billetes y monedas, garantizando su exclusividad en la autoridad monetaria nacional. La producción industrial de billetes se lleva a cabo en la Central de Efectivo y la Fábrica de Moneda, que operan bajo estrictas normas de seguridad y tecnología avanzada. El efectivo es almacenado en bóvedas y distribuido a través de entidades financieras autorizadas, quienes obtienen el efectivo según sus tenencias en un sistema de cuentas de depósito (CUD). El Banco de la República gestiona la liquidez para mantener la tasa de política monetaria y evitar desviaciones en el indicador bancario de referencia (IBR). Además, utiliza operaciones de mercado abierto para prestar recursos al sistema financiero, permitiendo a las entidades satisfacer las necesidades de efectivo de sus clientes y cumplir con obligaciones regulatorias como el encaje bancario.

El comunicado del DANE sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2025 revela una variación mensual del 0,94% y una variación anual del 5,22%, inferior al 8,35% del año anterior. Se destacan significativos incrementos en el costo de Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,62%) y Transporte (1,71%), con los mayores aumentos en peajes (6,44%) y gastos relacionados con vehículos (5,37%). La cobertura del IPC es alta, con un indicador de tasa de respuesta del 98,03%. La metodología se basa en clasificaciones de bienes según la nomenclatura COICOP, que incluye servicios, bienes no durables y duraderos. Se reportan significativas disminuciones en algunos precios, como el transporte aéreo de pasajeros (-6,51%).

El documento "Lineamientos Educativos" del Banco de la República establece un marco educativo integral para facilitar la adopción de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos en Colombia. Su objetivo es educar a los clientes sobre el funcionamiento, beneficios y seguridad del sistema, promoviendo la inclusión financiera y el crecimiento económico. Se delinean varias etapas de promoción y educación, comenzando con una preparación que introduce el concepto de pagos digitales y culminando con una etapa de operación activa donde los clientes podrán realizar transacciones. Se sugiere desarrollar materiales didácticos como videos, infografías y simuladores, así como ofrecer capacitación a capacitadores de entidades participantes. El enfoque busca garantizar una comunicación clara y coherente para generar confianza y asegurar que la ciudadanía adopte Bre-B de manera efectiva y segura. En resumen, el documento busca convertir a Bre-B en un recurso útil y confiable para todos los colombianos.

 En la providencia, el Consejo de Estado examinó una acción de tutela relacionada con la vulneración de derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia en el contexto de un proceso de cobro coactivo. A pesar de que se había declarado la finalización de dicho proceso, un banco retuvo indebidamente fondos pertenecientes a la accionante, contradiciendo órdenes de desembargo emitidas por la autoridad judicial. Este incumplimiento impactó negativamente la situación financiera de la solicitante, generando incertidumbre y restricción en el acceso a sus recursos. El Alto Tribunal determinó que estas acciones constituían una vulneración significativa de derechos, y por lo tanto, ordenó al banco proceder con el desembargo de las cuentas y evaluar el reintegro de los fondos retenidos, asegurando así el respeto por los derechos fundamentales de la persona afectada y el correcto funcionamiento del sistema judicial.