La Ley No. 2439 de 2023 modifica la Ley 1480 de 2011, estableciendo medidas de protección para consumidores de comercio electrónico en Colombia. Se aplica a relaciones de consumo en este ámbito y regula aspectos como la devolución de dinero, que no debe exceder quince días calendario tras el ejercicio del derecho al retracto, siempre que el consumidor cumpla con las obligaciones requeridas. Además, se exige a los proveedores ofrecer información clara y actualizada sobre productos y servicios, incluyendo características y condiciones de entrega. Los proveedores deben garantizar canales de atención accesibles para resolver dudas y gestionar reclamaciones. También se especifica que los intereses en operaciones de crédito realizadas electrónicamente incluyen todos los cargos por uso de tecnología, mientras que ciertos costos, como seguros e impuestos, no se consideran intereses si son informados adecuadamente. La ley busca fortalecer la protección del consumidor en el entorno digital, promoviendo transparencia y claridad en las transacciones.

 Con esta norma se modifica el Decreto 1068 de 2015, estableciendo un nuevo marco regulatorio para las cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito en Colombia. Se fundamenta en la Ley 454 de 1998, que promueve la economía solidaria y el crédito social. El decreto introduce un esquema de regulación prudencial, clasificando las cooperativas en categorías según el monto de sus activos, expresados en Unidades de Valor Real (UVR) para mitigar la inflación. Las cooperativas se clasifican en básica, intermedia y plena, con criterios de reclasificación basados en el desempeño de sus activos durante tres años consecutivos. La Superintendencia de la Economía Solidaria será responsable de establecer instrucciones y periodicidad de reportes de información, garantizando una implementación gradual y adaptada a las características de cada cooperativa. Este enfoque busca fortalecer el sector y promover el desarrollo sostenible de las entidades de economía solidaria.

El concepto se centra en la protección del derecho a la intimidad de los consumidores en el contexto de la gestión de cobranza, conforme a la Ley 2300 de 2023. Esta ley establece que las entidades que realicen actividades de cobranza deben contactar a los consumidores únicamente a través de los canales que estos hayan autorizado previamente. Esto implica que cualquier intento de contacto no autorizado vulnera el derecho a la intimidad del consumidor.

El informe de la Junta Directiva del Banco de la República al Congreso de la República aborda temas clave sobre la economía y la política monetaria del país. Se destaca el compromiso del Banco para mantener el poder adquisitivo del peso, en un contexto de recuperación económica moderada. En 2024, se proyecta un crecimiento del PIB del 1,9%, mejorando gradualmente desde 2023. La inflación ha mostrado una tendencia a la baja, con expectativas alineadas con la meta del 3% para finales de 2025. Además, se ha reducido el desbalance externo, que se situó en 1,9% del PIB en el primer semestre de 2024, en comparación con el 6,1% de 2022. El Banco ha ajustado la tasa de interés de política, reflejando un enfoque proactivo para estabilizar la economía.

El documento analiza el Proyecto de Acto Legislativo (PAL), que busca aumentar los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) que el Gobierno Nacional transfiere a los territorios. El Banco de la República resalta que se introduce un choque persistente en el gasto público, proyectando un aumento del 1.3% del PIB, destinado principalmente al consumo público, transferencias a hogares sin acceso a mercados financieros e inversión pública. Se advierte que, sin una reducción equivalente en el gasto del Gobierno o nuevas reformas tributarias, las transferencias del SGP podrían superar el 7% del PIB para 2038, aumentando el déficit fiscal y la deuda pública a niveles preocupantes. Esto podría llevar al incumplimiento de las metas de la regla fiscal, generando riesgos macroeconómicos significativos. El documento también destaca la importancia de asegurar recursos fiscales suficientes antes de descentralizar competencias a las regiones, enfatizando la necesidad de un monitoreo efectivo del gasto público.