Este informe analiza las dificultades que enfrentan los pequeños productores agropecuarios en Colombia para acceder al crédito. Se identifica cómo factores como la asimetría de información, el riesgo climático y los costos de transacción limitan el financiamiento para este sector clave. Se destaca que políticas como el respaldo público a créditos (FAG) y modificaciones en tasas y plazos de microcrédito buscan mitigar estas barreras. El cambio climático aumenta la incertidumbre y restringe aún más el acceso al crédito.

El Gobierno modificó decreto para ajustar medición del riesgo en créditos de libranza de la cartera de consumo en Colombia. Establece una reducción progresiva del valor del activo ponderado por nivel de riesgo, que comienza en 70% desde la emisión de instrucciones de la Superintendencia Financiera y disminuye a 60% después de 361 días, acompañada de un régimen de transición. Además, regula el tratamiento de garantes, especialmente fondos supervisados por la Superintendencia, y define criterios para agrupar grupos conectados de contrapartes, fortaleciendo así la identificación y gestión de grandes exposiciones y concentración de riesgos en los establecimientos de crédito.

En marzo de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,52%, la variación año corrido fue 2,62% y la anual 5,09%, es decir, 2,27 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 7,36%. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Salud (1,01%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,86%).

El acceso a servicios financieros no es un privilegio, sino una condición necesaria para ejercer otros derechos. Los antecedentes penales no puede ser una barrera automática y definitiva para acceder al sistema financiero debido a varios principios fundamentales, explicados por la Corte a través de esta providencia. En primer lugar, el derecho a la reinserción social es un pilar del sistema jurídico, que sostiene que quienes han cumplido una condena tienen derecho a reconstruir su vida sin enfrentar discriminaciones perpetuas. La Corte Constitucional de Colombia ha reiterado que los antecedentes penales no deben convertirse en una carga que limite el ejercicio de derechos fundamentales, como el acceso a servicios financieros, esenciales para la participación económica y social.

El Banco de la República decidió implementar un proceso de inhabilitación automática de cuentas de valores a partir del 11 de abril de 2025, debido a los riesgos asociados a las cuentas inactivas. Estas cuentas pueden ser vulnerables a accesos no autorizados y fraudes, ya que suelen recibir menos supervisión por parte de sus titulares. Para mitigar estos riesgos, se establecerán criterios específicos para la inhabilitación, los cuales incluyen la falta de movimiento durante un año y la existencia de saldos en cero. Esta medida busca proteger tanto a los propietarios de las cuentas como al sistema financiero en general, aumentando la seguridad y control sobre las cuentas de valores en el manejo del Depósito Centralizado de Valores (DCV).