El reporte de estabilidad financiera de abril de 2025 destaca un contexto de crecimiento económico local y un mercado laboral robusto, lo que ha impulsado la actividad de intermediación de los establecimientos de crédito. Sin embargo, se identifican vulnerabilidades, como el deterioro en la calidad de cartera del sector corporativo, que ha mostrado un aumento en la morosidad de la cartera comercial. Este fenómeno se atribuye a un ajuste macroeconómico posterior a un exceso de demanda tras la pandemia. Aunque la morosidad ha crecido, las provisiones de los bancos cubren el total de la cartera vencida, y sus niveles de solvencia se mantienen adecuados. También se mencionan incrementos en la exposición al riesgo de mercado y tensiones geopolíticas. El gobierno proyecta un aumento en ingresos para 2025 que, aunque arriesgado, busca equilibrar el gasto público. La situación exige monitoreo continuo para asegurar la estabilidad del sistema financiero en medio de un entorno incierto.

El informe del Banco de la República sobre la estabilidad financiera en Colombia en el II semestre de 2024 presenta una evaluación del desempeño de los establecimientos de crédito (EC). A lo largo del periodo analizado, se observó una recuperación en los principales indicadores de los EC, con un activo que alcanzó COP 3.160 billones. Sin embargo, se identificaron riesgos significativos, como el riesgo de crédito en un contexto económico de bajo crecimiento y alta heterogeneidad sectorial, así como un deterioro en la rentabilidad de las instituciones financieras. También se destacó una creciente exposición al riesgo de mercado y la incertidumbre fiscal. A pesar de estas vulnerabilidades, la resiliencia del sistema financiero se mantiene, gracias a niveles adecuados de solvencia y medidas de capitalización. La estabilidad del mercado laboral y mejores perspectivas económicas son factores mitigantes que contribuyen a la solidez del sistema en el corto plazo.

La SIC analizó un proyecto de decreto que busca modificar el Libro 17 del Decreto 2555 de 2010, abordando las órdenes de pago y transferencias de fondos en el contexto de la transformación digital del sistema financiero. El regulador destaca que la evolución tecnológica, la entrada de nuevos actores y el cambio en la interacción del público con los servicios financieros exigen una actualización normativa para garantizar pagos seguros, eficientes y accesibles.

El sistema de pagos inmediatos Bre-B en Colombia iniciará operaciones en septiembre de 2025, promoviendo la interoperabilidad entre entidades financieras. Actualmente, más del 70% de los colombianos hace pagos en efectivo, mientras que solo un 15% utiliza transferencias electrónicas. Bre-B busca transformar esta situación permitiendo a los usuarios realizar pagos y transferencias en segundos, sin restricciones de horario. A partir de julio de 2025, los usuarios podrán registrar sus llaves para el uso del sistema. Los ciudadanos, sin importar su ubicación, podrán enviar y recibir pagos en tiempo real. Ejemplos internacionales como PIX en Brasil y Transferencias 3.0 en Argentina destacan el éxito de sistemas similares, especialmente impulsados por la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con el análisis del Banco de la República, los pequeños productores agropecuarios en Colombia enfrentan diversas barreras para acceder al crédito, las cuales se agrupan en fricciones significativas: asimetrías de información, altos costos de transacción y exposición al riesgo climático. Estas barreras impiden una asignación eficiente del capital, obstaculizando el financiamiento de proyectos productivos rentables. Las asimetrías de información emergen de la incapacidad de los prestamistas de evaluar la capacidad de pago de los agricultores, elevando la percepción de riesgo y, por ende, los costos del crédito. Los altos costos de transacción, que incluyen formalidades burocráticas y desplazamientos a las entidades financieras, afectan desproporcionalmente a los pequeños productores que requieren montos menores de crédito. Además, el riesgo climático representa una fuente importante de incertidumbre, limitando aún más el acceso a financiamiento, dado que la variabilidad en las condiciones climáticas aumenta el riesgo de impago. Para mitigar estas barreras, se proponen políticas que incluyan la mejora de la información crediticia y la oferta de microcréditos adaptados a las necesidades de los productores rurales, facilitando así su acceso al crédito agropecuario.