El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Agricultura y Justicia, propone un decreto que busca sanear, de forma automática, los predios y mejoras adquiridos o transferidos a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), eliminando vicios en títulos y tradición que impidan su uso para fines de interés social y utilidad pública, como la dotación de tierras a la población rural, mujeres y jóvenes. Si bien se garantiza la posesión inmediata a la ANT y la cancelación de cargas registrales, se salvaguardan las acciones indemnizatorias de terceros. El proyecto excluye situaciones como procesos de Justicia y Paz o restitución de tierras, y establece procedimientos registrales coordinados para asegurar la transparencia y eficiencia en la regularización.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural propone declarar un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en Zipaquirá, Cundinamarca, abarcando 4.064,09 hectáreas. Esta medida busca proteger la producción agrícola y garantizar el derecho humano a la alimentación, constituyéndose como una determinante de nivel superior en el ordenamiento territorial. Fundamentada en la Constitución Política, leyes como la 388 de 1997 y la 2294 de 2023, y compromisos internacionales de seguridad alimentaria y cambio climático, la resolución prioriza el uso agropecuario y forestal del suelo. El proceso incluyó una identificación técnica, coordinación interinstitucional con entidades como la CAR y el IGAC, y amplios diálogos con comunidades y actores locales. El municipio de Zipaquirá deberá ahora reglamentar el uso del suelo bajo estos nuevos objetivos de protección.

El Ministerio de Agricultura publicó un proyecto de norma que busca declarar un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en Cota, Cundinamarca, abarcando 486.99 hectáreas. Esta medida, fundamentada en el derecho humano a la alimentación y compromisos internacionales contra el cambio climático, busca proteger suelos con alta vocación agropecuaria (9.040 toneladas anuales) frente a la expansión urbana, industrial y minera. El APPA se convierte en una determinante de ordenamiento territorial, buscando garantizar la seguridad alimentaria regional, especialmente para Bogotá, sin limitar el desarrollo agrícola, pero dotando de herramientas a los productores. La declaratoria surge tras amplios diálogos con autoridades y actores sociales.

El Gobierno promulgó recientemente la Ley a través de la cual se busca asegurar la cadena de ganado bovino sostenible y libre de deforestación. La normativa prioriza la interoperabilidad de sistemas de información agrícola, ambiental y catastral para la trazabilidad y el monitoreo efectivo. Se fortalecen organismos como la Comisión Nacional de Trazabilidad Animal y se designan Zonas de Alta Vigilancia en núcleos de deforestación activa. La ley exige a toda la cadena productiva implementar debida diligencia para garantizar proveedurías sin deforestación, promueve la certificación "Productor Libre de Deforestación" y actualiza el Sello Ambiental Colombiano. Además, incluye financiación y evaluación periódica, garantizando la transparencia de la información y fomentando acuerdos de cero deforestaciones entre sectores público y privado.

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) analizó la armonización de la autonomía y competencias ambientales indígenas con el régimen general del Sistema Nacional Ambiental (SINA). El documento abordó si una resolución de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA) del Resguardo Indígena de Pitayó, que autoriza el uso hídrico para un proyecto piscícola, puede ser reconocida como soporte ambiental suficiente para un proyecto PIDAR. Este análisis, basado en el Decreto Ley 1094 de 2024, concluyó que las decisiones internas de las ATEA deben conciliarse con las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) bajo principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad para resolver conflictos de competencias.