El Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico, debido a la intensa temporada de lluvias que ha provocado desbordamientos de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y graves daños en viviendas, vías, cultivos y redes de acueducto y energía. Las precipitaciones han dejado comunidades aisladas, pérdidas en la producción agropecuaria y afectaciones a la salud pública, especialmente en zonas rurales y ribereñas. Según el decreto, la magnitud de la emergencia supera la capacidad de respuesta ordinaria de las autoridades territoriales, por lo que se requieren medidas excepcionales para atender a los damnificados, mitigar riesgos, recuperar infraestructura y prevenir nuevas afectaciones ambientales y sociales.

El Gobierno nacional reglamentó los Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios con el fin de establecer lineamientos para su identificación, delimitación, manejo y protección, reconociéndolos como áreas estratégicas para la producción de alimentos y la sostenibilidad ambiental. La norma define criterios técnicos para su gestión integral, promueve el uso responsable del agua y la biodiversidad, y articula a las autoridades ambientales y agropecuarias en su conservación. Además, busca equilibrar la productividad rural con la preservación de servicios ecosistémicos, garantizando seguridad alimentaria y protección de recursos hídricos en el territorio nacional. Descargar texto

Esta iniciativa define una metodología para identificar y permitir actividades agropecuarias de bajo impacto en estos ecosistemas estratégicos, cruciales para el agua y la biodiversidad. El objetivo es equilibrar la conservación ambiental con la garantía del derecho a la alimentación y los derechos de los campesinos, reconocidos como habitantes tradicionales del páramo. La metodología busca reconocer buenas prácticas, orientar programas de reconversión para actividades de alto impacto y promover el desarrollo agropecuario sostenible. Se aplicará en páramos ya delimitados o en proceso, con el apoyo de autoridades ambientales y entidades del sector, asegurando la participación de las comunidades.

La SIC, en ejercicio de la abogacía de la competencia, analizó el proyecto de regulación del Ministerio de Salud que busca prohibir la importación, fabricación, comercialización y uso del bromuro de metilo y de los plaguicidas que lo contengan, y concluyó que no genera afectaciones relevantes a la libre competencia económica. La SIC señaló que la medida se sustenta en compromisos internacionales para la protección de la capa de ozono y en riesgos comprobados para la salud y el ambiente, además de existir sustitutos menos nocivos. Desde la óptica competitiva, destacó que la prohibición corrige externalidades ambientales, establece una regla general y neutral para todos los agentes y fortalece la seguridad jurídica, sin crear barreras artificiales ni otorgar beneficios selectivos, dado que no existe un mercado activo del producto desde hace varios años.

El Ministerio de Agricultura propone declarar Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en 17 municipios de Córdoba, con el fin de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país. La iniciativa busca proteger suelos con alta vocación agrícola, priorizar la producción de alimentos y ordenar el uso del territorio frente a presiones como la expansión urbana, actividades extractivas o cambios no planificados del suelo. El proyecto también apunta a fortalecer la economía campesina, familiar y comunitaria, asegurar la disponibilidad de tierras productivas y promover prácticas sostenibles. Con la declaratoria de APPA, el Ministerio pretende orientar la planificación territorial y la inversión pública para preservar áreas estratégicas destinadas a la producción de alimentos, sin desconocer los derechos adquiridos ni las competencias de las autoridades locales.