La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) respondió a la Procuraduría, reafirmando la justificación legal y técnica para prohibir toda forma de promoción de cigarrillos, productos de tabaco, sus derivados y dispositivos asociados. La SIC fundamenta su proyecto de Circular Externa en la Ley 1335 de 2009 (Art. 16), expandida por la Ley 2354 de 2024, que incluye sistemas electrónicos y tabaco calentado, en consonancia con el Convenio Marco de la OMS y la interpretación de la Corte Constitucional (C-830 de 2010), que equipara la exhibición a promoción. Para proteger el derecho a la información del consumidor adulto, se permitirá un listado textual de precios, habilitando otros mecanismos. Aunque la medida protege indirectamente a menores, su objetivo principal es el cumplimiento de prohibiciones legales vigentes y la salud pública, sin implicar afectaciones anticompetitivas inherentes. El análisis de riesgos está en la memoria justificativa.

El Gobierno presentó un proyecto para establecer lineamientos para la formulación e implementación de proyectos productivos sostenibles en los territorios colectivos de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en cumplimiento del artículo 23 del Decreto Ley 902 de 2017. La iniciativa busca fortalecer la autonomía etnoterritorial y el etnodesarrollo, integrando sus saberes y prácticas ancestrales, y promoviendo la seguridad alimentaria y la sostenibilidad económica, social y ambiental. La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) tendrá la responsabilidad de ofrecer acompañamiento integral, garantizando la participación comunitaria activa y el respeto por la cultura y los planes propios de desarrollo de estas comunidades para reducir las brechas de exclusión.

El gobierno creó un programa especial para la adquisición y dotación de tierras a pueblos y comunidades indígenas. Esta norma busca garantizar el respeto de sus derechos territoriales, autonomía, autodeterminación e integridad cultural, en línea con los mandatos constitucionales de protección a la diversidad étnica y el acceso progresivo a la tierra. El programa, implementado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con un enfoque indígena y de protección reforzada, beneficiará a aquellos que no posean tierras o cuyas extensiones sean insuficientes. Se priorizará la atención a pueblos indígenas víctimas del conflicto armado, contribuyendo a la reparación integral y el cumplimiento de la reforma rural. Se basa en la Ley 21 de 1991 (Convenio 169 de la OIT), el Protocolo de San Salvador y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, integrando la promoción del desarrollo sostenible y el uso social de la propiedad rural.

El Ministerio de Agricultura publicó un proyecto de resolución para modernizar y optimizar el funcionamiento del Fondo de Fomento Agropecuario (FFA). Esta iniciativa busca derogar la normativa anterior para establecer una reglamentación integral, acompañada de un Manual Operativo que desarrolle su gobernanza, las fases del ciclo de proyectos, los requisitos de acceso a cofinanciación, y los criterios de evaluación y priorización. El FFA, una cuenta especial sin personería jurídica adscrita al Ministerio, tiene como objetivo principal promover y financiar el fortalecimiento del sector agropecuario, pesquero, acuícola y rural. La nueva propuesta enfatiza un modelo de gestión basado en convocatorias públicas, periódicas y diferenciadas, garantizando mayor transparencia, equidad y participación de organizaciones campesinas, familiares, comunitarias y étnicas, con enfoques territorial, diferencial y de sostenibilidad. El Fondo busca apoyar desde la producción hasta la comercialización, infraestructura y transferencia tecnológica, con una cofinanciación de hasta el 80% del valor total de los proyectos.

El Gobierno prepara una resolución que actualiza la metodología para identificar la Frontera Agrícola Nacional, el límite que distingue las áreas de producción agropecuaria de las zonas protegidas o con restricciones legales. La modificación busca armonizar la actividad agrícola con la protección ambiental y los derechos de comunidades campesinas y étnicas, conforme a la Constitución y el Acuerdo de Escazú. Se adopta una nueva metodología de la UPRA con un enfoque de derechos y de la naturaleza, garantizando la soberanía alimentaria y un ordenamiento territorial equilibrado.