El Ministerio de Agricultura declaró el año 2026 como el "Año de la Justicia Agraria". La iniciativa busca impulsar la gestión pacífica de conflictos rurales y facilitar la implementación de la Jurisdicción Agraria, considerada clave para transformar el campo. La resolución ordena coordinar planes sectoriales para garantizar el acceso a la justicia de campesinos y comunidades étnicas. Se insta a entidades como la Autoridad Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras a acelerar la resolución de procesos administrativos antes del 30 de junio de 2026.

 La Ministra de Agricultura declaró las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el municipio de Caramanta, región suroeste de Antioquia, con vigencia a partir del 15 de enero de 2026. La medida se fundamenta en garantizar el derecho humano a la alimentación, la protección de los derechos del campesinado y la soberanía alimentaria, conforme a la Constitución y leyes como la 2294 de 2023. Esta declaratoria constituye una determinante de ordenamiento territorial de obligatorio cumplimiento para el departamento de Antioquia, Caramanta y agentes públicos/privados con planes de desarrollo físico espacial. La UPRA apoyará al Ministerio en la evaluación de estas áreas cada cinco años, y se construirá un Plan de Acción para la Producción de Alimentos.

El Ministerio de Agricultura declaró un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios de Tarso y Salgar, en el suroeste de Antioquia. Esta declaratoria, que abarca 2.467,09 hectáreas en Tarso y 5.900,55 hectáreas en Salgar, se establece como determinante de ordenamiento territorial de nivel 2. La medida busca garantizar el derecho humano a la alimentación, proteger el suelo rural apto para la producción agroalimentaria y orientar el uso sostenible del suelo frente al cambio climático.

Colombia propone un "Decreto de 2026" para imponer un arancel recíproco del 30% a productos importados desde Ecuador y restricciones a ciertas mercancías. La medida responde a la "tasa de seguridad" del 30% que Ecuador aplicó a importaciones colombianas el 21 de enero de 2026, considerada un incumplimiento de acuerdos internacionales y una amenaza a la seguridad nacional de Colombia. El proyecto busca proteger la industria exportadora colombiana, salvaguardar la seguridad alimentaria frente al contrabando de arroz, y controlar sustancias para la producción de fentanilo. Se fundamenta en facultades constitucionales, el Acuerdo de Cartagena (CAN) y el GATT de la OMC. La acción es urgente y temporal, afectando 23 partidas arancelarias y estableciendo controles en los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís.

El Ministerio de Agricultura busca la adopción del Manual de Normas Técnicas Básicas para la realización de proyectos de adecuación de tierras. Este proyecto persigue robustecer la protección de los derechos del campesinado y garantizar la soberanía y seguridad alimentaria del país. El manual es una guía vinculante para entidades públicas y privadas a nivel nacional, departamental y municipal, así como para el acceso a recursos del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (FONAT) y otros fondos públicos. Define criterios jurídicos, técnicos, económicos, sociales y ambientales para la planificación, diseño, ejecución y administración de estos proyectos, priorizando el uso eficiente del suelo y el agua.