El proyecto de norma modifica la Resolución 128 de 2017 para fortalecer la gestión del territorio agropecuario promoviendo la protección constitucional de la agricultura campesina según los artículos 64 y 65 de la Constitución. Busca garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada y respaldar la soberanía alimentaria mediante el apoyo a la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Incluye la participación de instancias territoriales y la adaptación climática, alineándose con el Plan Nacional de Desarrollo y políticas públicas sectoriales para formalización de tierras, fortalecimiento agroalimentario y protección ambiental, asegurando un manejo territorial sostenible y equitativo.

El concepto de abogacía de la competencia emitido por la SIC, sobre el proyecto de decreto que regula el uso de plantas de amapola y coca para fines médicos, científicos y de investigación, resalta que el proyecto limita la titularidad de autorizaciones exclusivamente a entidades públicas, excluyendo el acceso directo de agentes privados, aunque permite la participación indirecta mediante esquemas de tercerización con comunidades campesinas y étnicas. La SIC advierte que esta restricción puede afectar la libre competencia económica al restringir un mercado emergente con potencial productivo e industrial, sin evidenciar que la medida sea la menos lesiva para el principio competitivo. Además, solicita un marco interpretativo claro sobre el reparto justo y equitativo de beneficios y recomienda evaluar alternativas menos restrictivas para no distorsionar el mercado ni afectar el desarrollo de cadenas productivas lícitas en territorios afectados por cultivos ilícitos.

La Agencia de Desarrollo Rural precisa que la función de expedir el acto administrativo de cierre fiscal y financiero de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) está legalmente delegada a la Vicepresidencia de Proyectos mediante la Resolución 564 del 10 de septiembre de 2024, la cual tiene presunción de legalidad y debe cumplirse. Aunque el informe final de cierre elaborado por el Supervisor de la Unidad Técnica Territorial contiene información detallada del proyecto, no constituye un acto jurídico con efectos definitivos ni garantiza el derecho de defensa. Por ello, es necesario expedir un acto administrativo formal que concrete la voluntad de la administración y ponga fin a las obligaciones recíprocas, cumpliendo con el debido proceso y la seguridad jurídica, para evitar reprocesos y retrasos administrativos, respetando el marco normativo y la discrecionalidad que tiene el Presidente de la Agencia para implementar mecanismos efectivos y jurídicamente válidos.

El proyecto de norma dispensa la derogatoria de la Resolución 039 de 2024, estableciendo instrucciones sectoriales para garantizar derechos en procesos de restitución de tierras y derechos territoriales. Se enmarca en la política pública de Víctimas y Restitución de Tierras, promoviendo acciones para reparar a las víctimas y facilitar proyectos productivos a quienes retornan efectivamente a sus tierras. La norma también regula mecanismos de protección y desarrollo para comunidades étnicas, campesinas y otros intervinientes, articulando esfuerzos de diferentes entidades como la Agencia de Desarrollo Rural y la Unidad de Restitución. Además, busca fortalecer la coordinación institucional para garantizar derechos territoriales y promover la paz territorial.

La Ley busca incluir a las juventudes rurales en el sistema de reforma agraria y desarrollo rural de Colombia, garantizando su acceso a tierra, proyectos productivos, formación académica y técnica, y promoviendo su participación activa en el sector agrícola. Tiene como objetivo fortalecer su autonomía, reconocimiento social y ejercicio de derechos, promoviendo la innovación, emprendimiento, y el uso de tecnologías TIC. La ley también regula mecanismos de protección laboral y acceso a financiamiento, además de establecer sistemas de asesoría, representación y gobernanza territorial, promoviendo la inclusión social, económica y cultural de las juventudes rurales en línea con el desarrollo sostenible y la paz territorial