El Consejo de Estado precisó la naturaleza jurídica de los bienes baldíos como propiedad de la Nación, destinados a cumplir una función social y ecológica, especialmente en el acceso a la tierra por parte de poblaciones rurales. La Sala reiteró que estos bienes son inalienables e imprescriptibles hasta su adjudicación válida, lo que limita cualquier apropiación irregular. En su análisis, destacó que la función social de la propiedad rural implica el uso productivo y conforme al interés general, bajo criterios de equidad y sostenibilidad. Asimismo, confirmó la facultad oficiosa de la administración para ejercer la revocatoria directa en materia agraria, incluso sin consentimiento del particular, cuando se trate de actos contrarios al ordenamiento jurídico.

Esta Cartera Ministerial explicó que, cuando se trata de especies frutales agrícolas, su tala no requiere permiso de la autoridad ambiental, aunque la movilización de los productos obtenidos sí exige salvoconducto. No obstante, aclaró que esta regla varía según la ubicación de los árboles. En zonas urbanas, su tala, poda o traslado puede requerir autorización, especialmente si están en espacio público o generan riesgos o afectan infraestructura. En áreas rurales, la tala puede autorizarse bajo ciertas condiciones, mientras que la poda no requiere permiso, aunque podría generar obligaciones de reposición si se afecta el árbol. Asimismo, el Ministerio indicó que no existe una lista única oficial de especies frutales, pero recomendó consultar instrumentos técnicos y entidades como el Instituto Humboldt o el ICA según el tipo de especie. Finalmente, reiteró que sus conceptos son orientadores y no tienen carácter vinculante.

El Ministerio de Agricultura busca declarar 5.703,85 hectáreas en Tenjo, Cundinamarca, como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). Este proyecto de norma busca salvaguardar suelos fértiles de la Sabana, vitales para el abastecimiento de Bogotá y amenazados por la expansión urbana. Basada en el derecho a la alimentación, la adaptación al cambio climático y el manejo sostenible del suelo, la medida obliga a Tenjo a incorporar esta protección en sus planes de desarrollo, garantizando la prevalencia de actividades agropecuarias. El proyecto, fruto de amplias consultas, respeta los derechos adquiridos y se implementará con un plan de acción y evaluación quinquenal, asegurando la continuidad productiva del campo.

El Ministerio de Agricultura propuso la creación de una Mesa Técnica Interinstitucional y Comunitaria para el seguimiento y desarrollo de los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM). Este proyecto de resolución busca consolidar la reforma agraria y rural integral, garantizando el acceso a la tierra, la soberanía alimentaria y los derechos de los campesinos, reconocidos como sujetos de especial protección constitucional. La Mesa, integrada por entidades como la ANT y la ADR, junto a delegados de organizaciones campesinas, será un espacio clave para la planificación, coordinación y ejecución de los Planes de Vida Digna de los TECAM, asegurando la participación activa de las comunidades. Su fin es articular la acción institucional y comunitaria para fortalecer estos territorios, promover un ordenamiento territorial alrededor del agua y la seguridad alimentaria, dando cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.

El Ministerio de Agricultura puso en marcha un proyecto de resolución para salvaguardar los Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (RGAA). La iniciativa propone un innovador modelo de custodia compartida que integra la conservación in situ y ex situ, fomentando la corresponsabilidad entre el Estado, bancos de germoplasma, centros de investigación y las comunidades campesinas y étnicas, reconocidas como custodios ancestrales de la diversidad. Se establecen instancias de coordinación como el Comité Técnico Interinstitucional y el Comité Consultivo Mixto para garantizar la gestión integral. Además, se ordena la formulación de un Plan de Transición en cuatro meses y una Política Pública de RGAA en dos, vital para asegurar la seguridad y soberanía alimentaria, la sostenibilidad y la agrobiodiversidad nacional frente al cambio climático y la pérdida de especies.